TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- En el marco del Día de la Remembranza Trans, colectivas y personas de la comunidad trans y no binaria realizaron una movilización frente al Congreso del Estado de Chiapas para exigir el reconocimiento legal de su identidad, el acceso a derechos básicos y la creación de políticas públicas que garanticen condiciones de vida digna ante la persistente falta de atención institucional. 

Durante la protesta, las colectivas demandaron la aprobación inmediata de una ley de identidad de género sin requisitos discriminatorios, la tipificación del transfeminicidio, programas de empleo inclusivo, acceso a educación y servicios especializados de salud para personas trans. 

En un acto de protesta, la activista trans Maricarmen de la Encarnación Pereyra prendió fuego a un ejemplar de la Constitución Política mexicana, denunciando las condiciones políticas y sociales que enfrenta la población LGBT en el país. 

Integrantes de Resistencia Trans Chiapas enfatizaron que la principal demanda es el reconocimiento legal de la identidad de género. Bella Rodríguez, integrante de la colectiva, expresó que el rezago legislativo continúa vulnerando a la comunidad. “Nos falta lo básico: reconocimiento legal y voluntad política”. 

Declaró: “nos falta mucho lo de la ley de identidad de género. Nos faltan políticas públicas que vean por temas sociales como salud y empleo. Ferias donde realmente sean empresas inclusivas que contraten al 100%”. 

Rodríguez señaló que, aunque existen ferias de inclusión laboral, estas no garantizan la contratación efectiva. “Dicen que hay ferias de inclusión, pero tú vas y no es como que digas ‘sí, conseguí empleo’, no”. 

La activista también denunció que las propias instituciones encargadas de proteger derechos humanos reproducen prácticas discriminatorias. Narró que, al presentar una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, fue tratada con desprecio: “A mí al menos en la CEDH me dijeron ‘caballero’ y yo no soy ningún caballero, yo soy una mujer”. 

Rodríguez añadió que tuvo que realizar su cambio de identidad legal fuera del estado. “Aquí me han negado mis derechos. No solo a mí, sino a toda una población”, afirmó, al explicar que en Chiapas el proceso implica un juicio de amparo cuyos costos pueden ascender a 20 o 30 mil pesos y cuya resolución, dijo, “es una moneda al aire”. 

Durante la movilización, las colectivas denunciaron también la falta de apoyo de las autoridades en el caso de Marbella, una joven trans fallecida cuyo cuerpo aún no ha sido trasladado a Chiapas. Señalaron que la Fiscalía no ha brindado acompañamiento para que su madre pueda concretar el traslado. 

“Tenemos que acompañar mucho a la mamá de Marbella, la señora Liliana Ávalos, porque ella es quien más necesita apoyo”, indicaron. 

“No son casos aislados, es un problema estructural” 

Otras participantes señalaron que la protesta busca visibilizar la violencia e impunidad que enfrenta la población trans. 

“Hoy no solamente recordamos, señalamos, denunciamos y exigimos. Esto no es casualidad, no es ignorancia, es el resultado directo de decisiones, de omisiones históricas y de un sistema legal que se niega a protegernos”, afirmaron. 

En su intervención, una activista sostuvo que las condiciones actuales representan “un genocidio hacia las poblaciones trans”, señalando la alta probabilidad de transfeminicidio, la impunidad en crímenes de odio, la exclusión laboral y el limitado acceso a servicios de salud. 

Las colectivas reiteraron su exigencia de que el Congreso del Estado apruebe la Ley de Identidad de Género y atienda las demandas estructurales de la comunidad. También pidieron programas reales de empleo y educación, servicios de salud especializados y el reconocimiento jurídico del transfeminicidio. 

La movilización concluyó con un llamado a las instituciones para asumir su responsabilidad histórica: “porque no pedimos privilegios, pedimos sobrevivir, vivir y existir con dignidad”, expresaron.