CUERNAVACA, Mor. (apro).- El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez fue vinculado a proceso por delincuencia organizada en el caso relacionado con la llamada “Estafa Maestra”, a pesar de que libró la acusación por operaciones con recursos ilícitos, luego de que la jueza de control considerara que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes para sostener ese cargo. 

Vera Jiménez fue detenido el 7 de noviembre en Cuautla, Morelos, por elementos de la FGR, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada hace siete años por su presunta participación en el caso de la “Estafa Maestra”, vinculado al programa “Cruzada contra el Hambre” durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por un presunto desvío de 79 millones de pesos. 

La audiencia de vinculación se extendió por casi 13 horas continuas, con breves recesos de pocos minutos. Inició a las 2 de la tarde del miércoles y concluyó alrededor de las 3 de la mañana de este jueves, según fuentes judiciales. Durante el proceso, la defensa de Vera Jiménez, encabezada por el abogado Julio Hernández Barros, cuestionó la solidez de los datos presentados por la fiscalía y calificó de “excesiva” la medida cautelar impuesta. 

“La carpeta se ha inflado muchísimo. Son miles y miles de fojas que no guardan relación directa con el caso de Alejandro Vera. La fiscalía ha reunido documentos de distintas fuentes, pero ninguna de ellas constituye un delito”, explicó Hernández Barros en entrevista posterior a la audiencia. 

El abogado detalló que la fiscalía formuló imputación por los delitos de lavado de dinero —legalmente denominado operaciones con recursos de procedencia ilícita— y delincuencia organizada, y solicitó la vinculación a proceso. 

La defensa presentó pruebas documentales que acreditan que Alejandro Vera no firmó los convenios observados por la FGR, los cuales fueron suscritos por el entonces secretario general de la UAEM, Gerardo Ávila, ya fallecido. Hernández Barros recordó que Ávila obtuvo en su momento un amparo y fue exonerado, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que no existió daño al erario ni desfalco alguno en el contrato con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por un monto de 77 millones de pesos, relacionado con el programa federal Cruzada contra el Hambre. 

El litigante subrayó que las resoluciones de amparo y la determinación de la ASF fueron clave para que Vera no fuera vinculado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque lamentó que la jueza no tomara en cuenta dichas resoluciones y solo aceptara abrir investigación por delincuencia organizada. Asimismo, señaló que la propia Auditoría concluyó que la universidad cumplió con los servicios pactados y que “no existe la llamada Estafa Maestra” en este caso ni en los contratos revisados, ya que no hubo fraude ni daño patrimonial. 

Sin embargo, la defensa insistió en que los datos ofrecidos son insuficientes y que las pruebas carecen de relación directa con los hechos atribuidos al exrector. 

“Nosotros creemos que los datos ofrecidos por la fiscalía no son suficientes para una vinculación. Hay una deficiencia probatoria enorme que seguramente podremos acreditar”, sostuvo. 

Durante la diligencia, la jueza impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, decisión que la defensa calificó de “incongruente con la realidad procesal”. 

“Alejandro Vera jamás se ha sustraído de la acción de la justicia. Siempre ha estado en su domicilio habitual. La medida es totalmente desmesurada. Fue la propia fiscalía la que, durante años, no ejecutó la orden de aprehensión”, afirmó Hernández Barros. 

El litigante señaló que, a diferencia de otros juzgadores que aplican criterios de convencionalidad, la jueza optó por ceñirse a la Constitución, lo que derivó en la aplicación automática de la prisión preventiva. 

“La jueza considera que la Constitución está por encima de los tratados internacionales y que en estos casos procede la prisión preventiva oficiosa. Por ello, ni siquiera se abrió el debate sobre su procedencia”, añadió. 

Una fabricación de la FGR

El abogado defensor también cuestionó el origen del caso y sostuvo que se trata de una fabricación de la Fiscalía General de la República. 

“Alejandro Vera no tiene nada que ver con ninguna irregularidad. Todo esto es una fabricación para querer involucrarlo en hechos que no son constitutivos de delito”, aseveró. 

A lo largo de su intervención, Hernández Barros insistió en la inocencia de su cliente y en la falta de elementos que lo vinculen con la red de desvío de recursos conocida como la “Estafa Maestra”. 

“La enorme mayoría de los datos de prueba ni siquiera guardan relación con este caso, ni con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ni con Alejandro Vera”, reiteró. 

Cuestionado sobre posibles motivaciones políticas, el abogado negó que exista actualmente una intervención directa del exgobernador Graco Ramírez, aunque reconoció que en su momento el conflicto entre ambos generó persecución contra el exrector. 

 Graco es un hombre políticamente acabado. A lo mejor en su momento sí lo fue, pero hoy no tiene fuerza ni influencia alguna sobre esta detención. Que se vanaglorie de la desgracia ajena me parece un acto reprobable”, expresó. 

También rechazó que el actual gobierno federal utilice el caso como distractor frente a sus propios señalamientos de corrupción. 

“Alejandro es apartidista, no tiene vínculos con ningún partido. Estas acusaciones deben analizarse jurídicamente, no políticamente. Si se revisan con rigor, no hay ningún elemento que lo vincule”, sostuvo. 

Vera seguirá proceso desde Almoloya 

Tras la audiencia, Vera Jiménez fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Su defensa confirmó que, debido a las restricciones del penal, no ha podido comunicarse telefónicamente ni con su familia ni con su equipo jurídico. 

“Ni siquiera conmigo puede hablar por teléfono. Hay restricciones muy severas”, precisó Hernández Barros. 

El exrector, dijo, se encuentra “fuerte y con entereza”, pese a las condiciones del proceso. 

“Es un hombre de convicciones firmes. Está enfrentando esta situación con la frente en alto, confiando en que se acreditará su inocencia”, afirmó. 

La defensa anunció que el próximo miércoles al mediodía se reanudará la audiencia para presentar los datos de prueba y los argumentos con los que buscarán revertir la vinculación. Hernández Barros aseguró que insistirán en que el exrector enfrente el proceso en libertad. 

“Confiamos plenamente en la justicia. Llegado el momento, acreditaremos su inocencia y obtendremos su libertad”, dijo. 

El caso de Alejandro Vera Jiménez se suma a las investigaciones derivadas de la llamada “Estafa Maestra”, esquema en el que distintas universidades públicas fueron señaladas por presuntamente triangular recursos federales a través de convenios irregulares. Sin embargo, la defensa sostiene que, en el caso de la UAEM, no existen elementos que acrediten desvíos ni participación del exrector. 

Mientras tanto, Vera Jiménez permanecerá en prisión preventiva, en espera de que la jueza determine si los elementos presentados por la FGR son suficientes para mantenerlo procesado por delincuencia organizada, uno de los delitos más graves del sistema penal mexicano.