TOLUCA, Edomex., (apro) .- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) llamó a las autoridades involucradas a garantizar las investigaciones, esclarecimiento, deslinde de responsabilidades y sanción a aquellos que hayan actuado fuera del marco legal durante los enfrentamientos en el centro de Toluca por la marcha del 2 de octubre, de los que resultaron una veintena de lesionados, periodistas agredidos, una patrulla incendiada e inmuebles vandalizados.  

Por lo que toca a su papel, el organismo defensor detalló que abrió dos investigaciones: la CODHEM/TOL/441/2025 y la CODHEM/ACE/MPDH/8/2025, una de oficio y otra promovida por el gremio periodístico, apoyado por el mecanismo de protección estatal.  

La Comisión manifestó su compromiso para dar seguimiento oportuno a las investigaciones.  

Hasta ahora, el alcalde Ricardo Moreno ha aclarado que las indagatorias internas corren a cargo de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, mientras las externas las realiza la Codhem, por lo que ofreció sujetarse a lo que ambas resuelvan, lo que lleva a suponer que, derivado de los hechos, no existe denuncia de carácter penal.  

La Codhem se pronunció en favor del respeto y garantía de los derechos a la libre expresión, reunión y asociación, siempre que se ejerzan de manera pacífica y respetuosa; además, manifestó “su rechazo a los actos de violencia en los que participaron elementos policiacos y resultaron afectadas personas estudiantes, de la sociedad civil, comercios, instituciones bancarias y personas pertenecientes al gremio periodístico”.   

Recordó que el derecho a la protesta pacífica debe ser respetado y protegido por el Estado con base en sus obligaciones constitucionales, y enfatizó como fundamental que la protesta social sea vista como un derecho colectivo e individual al que todas las personas tienen acceso.  

Por tanto, prosiguió, debe ejercerse con responsabilidad y de manera pacífica. En caso contrario, consideró, existen restricciones legítimas que la autoridad puede aplicar “de manera proporcional” para garantizar la seguridad pública.   

Empero, advirtió que la criminalización de la protesta por parte de las autoridades es una práctica inaceptable porque restringe derechos fundamentales, de manera que resulta indispensable privilegiar en todo momento el diálogo constructivo y la cultura de paz.   

Finalmente, precisó que los periodistas agredidos ya reciben acompañamiento de la Visitaduría Adjunta de Atención a Personas Migrantes, Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, en el entendido de que el gremio promueve el derecho colectivo de la sociedad a estar informada y participar de manera consciente en la vida democrática del Estado de México.