HERMOSILLO, Son., (apro) .- La mañana del viernes 3 de octubre trascendió la deportación y encarcelamiento de Sandra Téllez Nieves, socia fundadora de la Guardería ABC, institución que se consumió en llamas el 5 de junio de 2009, causando la muerte de 49 niñas y niños, y lesiones a decenas más.  

Las reacciones de las madres de las víctimas variaron: a pesar de que hay quienes manifiestan su agradecimiento y esperan que la justicia alcance al resto de culpables, también hay quienes no dan crédito a la situación y señalan al gobierno de utilizar la tragedia como moneda de cambio. 

Patricia Duarte Franco, la líder del Movimiento Cinco de Junio y madre del menor Andrés Alonso, fallecido como consecuencia de la tragedia, cuestionó que el mensaje publicado por la Fiscalía General de la República (FGR), a dos meses de que la socia fundadora de la guardería fue detenida en los Estados Unidos, establece que la detenida “se presume inocente”, aunque se encuentra en el Centro de Reinserción Social para Mujeres ubicado en Hermosillo, Sonora. 

“La gente debe de saber que ya hay una sentencia firme desde hace años, de hecho, en caso de que esté ya presa la señora, esta fue una orden de reaprehensión en su contra. Esto me hace pensar muy mal”, afirmó la activista al dar a conocer su posición respecto a lo informado por la autoridad federal. 

La reaprehensión, mencionada por Duarte Franco, refiere a que Sandra Téllez Nieves se encontraba prófuga desde 2022 tras violar su libertad condicional y establecerse en los Estados Unidos, donde fue detenida por la INTERPOL a inicios de este año. 

Este último hecho trascendió en agosto pasado, cuando Juana Luna Hernández, madre de Jonatan de Jesús, también víctima mortal del incendio ocurrido hace 16 años, dio a conocer la situación gracias a informes de personas cercanas al caso que se estaba desarrollando en los Estados Unidos.  

Entonces, la líder del colectivo Manos Unidas Por Nuestros Niños cuestionaba la falta de información por parte de las autoridades mexicanas. Ante la detención, Luna Hernández, manifestó sorpresa y agradeció, pero puntualizó que “no es suficiente”. 

“Vemos como una luz al final del túnel, pero no es suficiente. Vemos que las autoridades se abocaron a hacer su trabajo, de verdad que no han sido fáciles estos 16 años de estar pidiendo justicia por nuestros hijos y estar exigiéndoles que hagan su trabajo. Desde el día uno todas las madres hemos levantado la voz y el que hayan aprendido a Sandra Lucía Téllez Nieves, que la hayan extraditado al país y que esté en el reclusorio, es un avance”, manifestó. 

Los cuestionamientos, además de que quedan cuentas pendientes, como el caso de Antonio Salido Suárez, otro de los propietarios y quien todavía se encuentra prófugo, presumiblemente en los Estados Unidos, según informes extraoficiales de Luna Hernández, también pasan por la interpretación del acontecer del estado y del país: la líder del Movimiento Cinco de Junio señaló al gobierno de hacer uso político de la tragedia. 

“Yo pienso que lo que sacaron hace 2 meses (la detención de Sandra Téllez en los Estados Unidos) y lo que sacaron el día de hoy, es abrir otra vez la cajita chica, queriendo desviar la atención de todos nosotros de lo que está pasando en Sonora, en el Río Sonora (el gobernador Alfonso Durazo envió a 350 servidores públicos a promover la construcción de tres presas, proyecto ante el cual la población de los sitios de la construcción ha manifestado un amplio rechazo). Están usando la causa ABC para desviar la atención”. 

Este cuestionamiento, además de tener su origen en la observación de la coyuntura política actual, deriva de que la FGR informó hace dos meses a las familias de las víctimas directas que Téllez Nieves sería deportada y procesada en México, pero se les había dicho que sería en otra fecha, una ulterior. Es por ello que el anuncio de este viernes causó “sorpresa” entre los colectivos. 

En general, las madres de las víctimas señalan que el caso no se encuentra cerrado, por lo que lo dicho por las autoridades no representa el punto final del caso. Además del deslinde de responsabilidades pendiente, queda todavía el camino hacia la "no repetición" de la tragedia e, incluso, la posibilidad de llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de que la justicia mexicana no resulte suficiente.