SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- En cumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), el jueves 9 de octubre fue develada una placa con el nombre del indígena chol Antonio González Méndez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), desaparecido el 18 de enero de 1999 en el municipio de Sabanilla, localidad de la región norte de Chiapas.  

La ceremonia se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), donde el aula número 12 llevará a partir de hoy el nombre de González Méndez. Al acto asistieron sus familiares, representantes de organismos de derechos humanos y autoridades universitarias. 

Durante el evento, Dora Lilia Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), destacó que Antonio “luchó incansablemente por mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas del norte del estado”, y recordó su papel como responsable de la tienda cooperativa Arroyo Frío, un proyecto comunitario de comercio justo. 

Roblero destacó que su compromiso con la organización indígena “lo convirtió en un objetivo de las estrategias de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, en complicidad con la Presidencia de la República, y ejecutadas por autoridades de los tres niveles de gobierno”. 

Señaló que la COIDH condenó al Estado mexicano el 22 de agosto de 2024, al considerar probado que González Méndez fue desaparecido por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia, “organización creada, financiada y entrenada bajo el amparo del Estado mexicano”. 

“La develación de esta placa busca honrar la memoria de Antonio, su lucha y sus sueños colectivos”, declaró Roblero. “Pretende dejar constancia de que su desaparición fue un crimen de Estado cometido contra él, su familia, su organización y toda la sociedad mexicana”. 

Asimismo, denunció que la justicia “sigue siendo un deber lejano de cumplirse”, porque la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de Chiapas “no prioriza la investigación del grupo paramilitar responsable” ni considera la posible implicación del Ejército mexicano, lo que “perpetúa la impunidad”. 

En representación de la familia, Magdalena González López, hija de Antonio, expresó que “esta placa significa mucho para nuestra familia; servirá para recordar su memoria y para que las futuras generaciones conozcan quién era”. Manifestó que la sentencia de la COIDH “no es una opción, sino una obligación para el Estado mexicano”, y exigió justicia tras más de 26 años sin avances en la investigación. 

Su madre, Zonia López Juárez, relató las dificultades que enfrentó tras la desaparición: “Fue triste porque me quedé sola con mis cuatro hijos; tuve que trabajar cortando café y vendiendo pollitos para sostenerlos y que estudiaran”. 

Por su parte, Miguel Ángel de los Santos Cruz, director de la Facultad de Derecho, señaló que el acto es histórico, porque es la primera vez que una universidad mexicana cumple una resolución internacional que obliga a designar un aula con el nombre de una víctima de violaciones a derechos humanos. “Nos sentimos honrados de contribuir a esta causa”, dijo.   

El funcionario de la Secretaría de Gobernación, Froylán Vladimir Enciso Higueras, afirmó que “ninguna reparación es suficiente para estas pérdidas, pero asumimos la responsabilidad de trabajar para que la memoria de Antonio sea semilla de conciencia, aprendizaje y compromiso con los derechos humanos”. 

Al evento acudieron también familiares, estudiantes y defensores de derechos humanos, quienes rindieron homenaje al indígena chol desaparecido hace más de dos décadas.