XALAPA, Ver (apro) .- Durante su comparecencia ante el Congreso Local, la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns reconoció que durante su administración ha rechazado 82 recomendaciones a violaciones de derechos humanos principalmente vinculadas a desaparición forzada, tortura y abuso de autoridad.  

Se trata de recomendaciones realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y aclaró que las recomendaciones no corresponden a hechos de su administración  

Al responder los cuestionamientos de los legisladores, detalló que desde su llegada a la fiscalía en 2019 ha recibido 297 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos de las cuales solo 16 corresponden a su administración.  

La fiscal también cuestionó que la Comisión Estatal emitió 62 recomendaciones entre 2016 y 2019 y a su llegada al organismo ha recibido 291 recomendaciones.  

“No podemos aceptar recomendaciones que ponen en riesgo nuestras líneas de investigación. También no vamos a permitir que ningún servidor público viole el derecho a la víctima para que reciba justicia”, dijo.  

De acuerdo con la fiscal, las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no son vinculantes, por lo que la Fiscalía tiene la facultad de aceptarlas o rechazarlas. En este sentido, afirmó que “los derechos humanos no constituyen un monopolio constitucional de una sola organización”.  

Hernández Giandáns dijo que algunas que no habían sido aceptadas se consideró evaluar y aceptarlas. “No debe mal entenderse el trato que se le da a las recomendaciones de derechos humanos, nuestra prioridad es el derecho a las víctimas y en cada no aceptación se han valido los argumentos de la razón”.  

Proceso ha documentado el rechazo sistemático de recomendaciones de violaciones a derechos humanos de parte de la Fiscalía de Veracruz y del exgobernador Cuitláhuac García en casos graves de tortura sexual, detenciones arbitrarias y desaparición forzada en la entidad.  

Además de rechazar las recomendaciones hechas por la CEDH, la fiscal también ha evitado atender quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los casos han llegado al grado de que la titular Rosario Piedra Ibarra pidió al Senado llamar a comparecer al exgobernador junto a la titular de la Fiscalía General del Estado, para que expliquen su rechazo a dos recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, una por tortura sexual y la otra por una detención arbitraria. 

En un posicionamiento este martes, la CNDH dijo que emitió nuevas recomendaciones a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, tras su negativa a aceptar las recomendaciones previas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Estas recomendaciones están relacionadas con irregularidades en la investigación de la desaparición de seis personas, ocurridas entre 2013 y 2020. 

La CNDH instó a la FGE Veracruz a aceptar y cumplir estas recomendaciones de manera integral. En caso de negativa, la CNDH advirtió que enviará copia de las recomendaciones a la Comisión Estatal y solicitará la comparecencia del titular de la Fiscalía ante la Legislatura local. 

“El incumplimiento de estas recomendaciones va en contra de los mandatos constitucionales en materia de derechos humanos y es fundamental para reparar el daño a las víctimas y prevenir futuras violaciones a los derechos humanos”, dijo la CNDH en un comunicado.  

Manifestación de Solecito 

Durante su comparecencia, integrantes del colectivo Solecito, que agrupa a familiares de personas desaparecidas, se manifestaron afuera del Congreso Local y bloquearon el acceso durante algunos minutos para protestar y exigir la remoción del fiscal.  

Lucía Díaz, madre de Guillermo Lagunes, quien fue desaparecido en 2013, advirtió que varios casos de desapariciones ocurridas durante la gestión actual no han mostrado avances significativos. "No hay un solo caso en el que haya personas detenidas ni avances claros", afirmó. 

Díaz también destacó que en el colectivo hay 20 casos de desapariciones ocurridas durante la gestión de la fiscal, y ninguno de ellos ha presentado avances tangibles. 

Las madres de los desaparecidos llegaron con pancartas, pero se les prohibió el acceso al Congreso Local. Durante el forcejeo con los oficiales, un policía del Instituto de la Policía Auxiliar, que se encontraba en la entrada del Congreso, golpeó a Lucía Díaz en la cara mientras aplastaba su mano contra la reja.