MORELIA, Mich. (apro).– En las últimas semanas, más de 550 personas han sufrido desplazamiento forzado a causa de la violencia en comunidades de las regiones de la Costa y Tierra Caliente, alertaron organizaciones sociales y religiosas a través de un pronunciamiento, en el que exigieron a las autoridades atención inmediata para las víctimas.

También expresaron alertaron por 17 habitantes de la comunidad El Salitre de Estiopila, en el municipio de Chinicuila, que “se quedaron a hacer frente al grupo beligerante para defender sus hogares y que actualmente se encuentran desaparecidos”.

El documento, dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador; al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y a las autoridades militares, advierte que desde el 24 de agosto pasado “se ha registrado una serie de agresiones criminales contra comunidades indígenas y campesinas de los municipios de Aquila, Chinicuila y Coahuayana, entre la frontera con el vecino estado de Colima y la zona limítrofe de estas municipalidades”.

Expusieron: “Los enfrentamientos amenazan la seguridad personal de la ciudadanía que habita las comunidades nahuas de Santa María Ostula y Coire en Aquila; El Camalote y El Amatique en Coahuayana y comunidades nahuas de Chinicuila como Huizontla, Coahuayula y El Salitre de Estiolpila, sin óbice a incluir otras de las que no tengamos noticia hasta el momento”.

Suscrito por las organizaciones Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán, El Buen Samaritano AC, Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem), así como las Diócesis de Apatzingán y Lázaro Cárdenas, entre otras, el pronunciamiento señala que las víctimas padecen “una crisis humanitaria y sanitaria, así como afectaciones a los habitantes locales, debido al súbito incremento de población, al no contar con capacidad institucional instalada para afrontar esta circunstancia”.

Añade que, desde el 3 de abril, la región conflictuada ya había sufrido incursiones de un grupo criminal, afectando a las comunidades de Palos Marías, El Órgano y Zapotán, así como el incendio provocado de un vehículo de carga pesada en el puente que comunica a Coahuayana con el estado de Colima, obstruyendo el tráfico interestatal durante la tarde del 22 de agosto.

Las agrupaciones denunciantes indicaron que durante los eventos más recientes se han reportado familias desplazadas desde Aquila, quienes han buscado refugio en localidades de su propio municipio y en Coahuayana, mientras que también en este último han buscado refugio familias procedentes de Chinicuila, muchas de las cuales tuvieron que huir sin su documentación.

Los conteos emergentes realizados por organizaciones locales de la sociedad civil, refirieron, ascienden a 158 personas desplazadas en Coahuayana y 250 en Aquila, la mayoría de ellas mujeres, niñas y niños, así como dos mujeres en estado de embarazo.

Agregaron que otro proceso de desplazamiento forzado se vivió el 27 de agosto desde las comunidades de La Higuerita, Las Paredes, El Caracol, Hacienda de la Luna y Garachico, del municipio de Buenavista, hacia Tancítaro, con más de 150 personas afectadas, con la probabilidad de que esta cifra aumente durante las siguientes horas.

“Tenemos conocimiento de que al menos los ayuntamientos de Aquila y de Tancítaro enviaron solicitudes formales a la Secretaría del Migrante para su intervención, ya que en esa Secretaría recae la coordinación de la política pública del estado en materia de Desplazamiento Forzado Interno (DFI), en tanto que funge como Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado del Estado de Michoacán de Ocampo, organismo que tiene la responsabilidad y la capacidad de responder a la altura de esta circunstancia”.

Urgen a aprobar la ley sobre desplazamiento forzado

Así también, las cuatro personas representantes de sociedad civil en ese Comité enviaron al gobernador del estado y a la secretaria del Migrante un apercibimiento el pasado miércoles 28 de agosto, mediante el cual, entre otros puntos, consideraron que debe agilizarse el proceso legislativo para la aprobación de la Ley Estatal para la Prevención y Atención Integral del Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Michoacán, para contar con las capacidades institucionales debidamente normadas con el cumplimiento de ese propósito.

Mientras tanto, expresaron, la falta de la ley les obliga a formular mecanismos de reacción oportuna y rutas de atención institucional que respondan a las necesidades de las Personas Desplazadas Internas.

Aunque hasta este viernes las personas representantes de sociedad civil no habían recibido respuesta formal a su apercibimiento, refirieron que una parte de los habitantes de las poblaciones desplazadas recibieron visitas de misiones interinstitucionales con ayuda emergente, pero no se solicitó asistencia de la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas (ACNUR), organismo que actualmente sostiene un convenio de colaboración con el Gobierno de Michoacán.

Asimismo, se han reportado grupos de familias desplazadas con dirección al estado de Colima, pero “no hay conocimiento certero del levantamiento adecuado de padrones de personas desplazadas en albergues o dispersas en domicilios particulares de acogida, que sean útiles para conmensurar la escala de la emergencia humanitaria; hasta donde sabemos, tampoco se han realizado evaluaciones emergentes de necesidades ni de riesgo con base en el Instrumento que para ese fin desarrolló la Secretaría del Migrante con la asesoría técnica de ACNUR”.

Señalaron que actualmente grupos de la sociedad civil están organizando acopio de víveres, ventiladores, pabellones antimosquitos, productos sanitarios y de higiene, así como hornillas eléctricas para la preparación de alimentos, junto con servicios de contención emocional y otros que puedan proporcionarse en coordinación con el Consejo Michoacano para la Construcción de Paz y la Reconciliación.

Sin embargo, “esta ayuda no podrá brindarse en condiciones de seguridad mientras persistan las agresiones criminales en la región, además de representar sólo un bálsamo provisional ante la violación de las libertades y garantías constitucionales de las personas desplazadas, quienes han tenido que abandonar su hogares y patrimonios”.

Por lo anterior, entre otras cosas, exigieron que los gobierno federal y estatal desplieguen las medidas de Seguridad Pública conducentes para el cese permanente de las hostilidades en los municipios de Aquila, Buenavista, Chinicuila, Coahuayana y Tancítaro, así como en sus municipios vecinos.

Demandaron también que los gobiernos federal y estatal construyan esquemas de soluciones duraderas y atiendan las causas estructurales que generan el Desplazamiento Forzado Interno en Michoacán, para generar las condiciones de un retorno seguro de las personas desplazadas a sus comunidades de origen.

Exhorto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán exhortó el jueves 5 a las autoridades a dar atención inmediata a los desplazados de la costa michoacana, específicamente de las comunidades de pueblos originarios náhuatl, tales como El Coire, municipio de Aquila; El Camalote y El Amatique, del municipio de Coahuayana; El Salitre de Estiopila, Huizantla y Coahuayula, de Chinicuila.

Mediante un breve comunicado, el organismo manifestó que, ante las diversas publicaciones realizadas en medios digitales, mediante las cuales desplazados de estas comunidades de origen náhuatl piden ayuda, giró oficios a la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del estado, ayuntamientos de Coahuyana, Aquila y Chinicuila, así como a sus respectivos cuerpos de seguridad pública municipal.

“Se pide atender a las víctimas en situación de desplazamiento forzado y todos los derechos humanos que ello conlleva, como a la vivienda, alimentación, salud, seguridad y educación, entre otros”.