CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández, sobreseyó el proceso contra Gerardo Sosa Castelán, exrector y expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); con ello, dejó sin efecto las imputaciones por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que, afirmó en 2020 la Fiscalía General de la República (FGR), ascendían a 58 millones 245 mil 948 pesos.

Originario del municipio rural de Acaxochitlán, Gerardo Sosa inició su haber político en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la segunda mitad de la década de 1970. Es el líder de la expresión conocida como Grupo Universidad o La Sosa Nostra –apelativo que recibió por el control que ha ejercido durante cuatro décadas en la Autónoma de Hidalgo–.

En la entidad, controla al Partido del Trabajo (PT) y, aunque a nivel local está confrontado con el gobernador Julio Menchaca Salazar, ha sido aliado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desde la elección presidencial de 2018.

El juez que, con su resolución, concluyó el proceso penal, es el mismo que lo había vinculado a proceso el 6 de septiembre de 2020, al considerar que había elementos de que Gerardo Sosa, a quien la FGR denominó la cabeza de una presunta asociación criminal, había obtenido recursos del erario de la universidad de manera indebida, mediante un esquema de triangulaciones que presuntamente incluía una empresa fantasma y despachos contables afines.

La Fiscalía, que ha registrado omisiones como la falta de presentación de documentos que sí tiene en su poder, lo cual derivó en la liberación previa de dos coacusados en diciembre de 2022, tiene posibilidad de inconformarse con la resolución de Salazar Hernández. 

En la causa penal 263/2020, la FGR acusó al líder del Grupo Universidad de crear y administrar Contabilidad del Siglo XXI, una firma “fachada” –la nombró así porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmó que no contaba con trabajadores, equipo ni personal para realizar labores–. Mediante ésta, presuntamente dispersó los 58.2 millones de pesos de 2011 a 2018, a cuentas de personas físicas y morales allegadas a él.

En lo relativo a la acusación de la delincuencia organizada, la FGR sostuvo entonces que señaló a Sosa Castelán por ostentar una determina posesión en la organización criminal, y que ésta fue organizada para cometer delitos.

La fiscalía también presentó como prueba del “control patrimonial de la universidad” que Inmobiliaria, Constructora, Arrendadora Yolo, controlada por Sosa, compró inmuebles a través de créditos y que la garantía de esos créditos vino directamente de recursos de la Autónoma de Hidalgo.  

Al juez le enviaron documentos que, a decir de la parte acusadora, establecían que en el periodo 2011 a 2016 se operó el mecanismo para sustraer dinero. El rastreo de los destinatarios, entre ellos Sosa y sus dos hijas, fue parte de un requerimiento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) y derivó de una investigación que, en 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, inició la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En ese lapso, de acuerdo con los argumentos que esgrimió su defensa, el también exdiputado federal priista tenía nombramiento de profesor de tiempo completo, además de negar que “el licenciado Sosa” ejerciera el control político en la UAEH.

Sosa era investigado cuando se sumó Morena

El 19 de febrero de 2018, tras cuatro décadas de militancia, Gerardo Sosa renunció al PRI, partido por el que aspiró en tres ocasiones –participando en procesos internos– a la candidatura a gobernador, además de ser diputado local y federal. Se alió a Morena, por cuyas siglas su grupo obtuvo nueve diputaciones locales y dos federales para la LXIV Legislatura (septiembre 2018-agosto 2021).

En ese momento, tenía un año que la UIF seguía la ruta con la que pretendía acreditar las operaciones con recursos de procedencia ilícita del líder de La Sosa Nostra, que inició su carrera política cuando era líder de la extinta Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), una organización porril que el exgobernador Jorge Rojo Lugo usó como grupo de choque contra sus oponentes dentro del priismo y en otros partidos.

El juez que este 26 de septiembre sobreseyó el caso había afirmado en la vinculación a proceso que era “inevitable” la existencia de recursos y que los actores los recibieron y ocultaron, además de que, remarcó, ellos tenían conocimiento de que realizaban una “actividad ilícita”. 

Respecto a que no hubo reunión y asignaciones de roles, un argumento de la defensa de Sosa para deslegitimar la imputación por delincuencia organizada, Salazar Hernández consideró que era infundado, porque, dijo, si bien de manera directa no identificaron un momento en el cual las partes se organizaran y se constituyeran en un lugar determinado, “esto se obtiene con todos los indicios y las operaciones”.

“Esa es la manera en la que prospera una delincuencia: los integrantes no se conocen, pero corresponden a un mismo conglomerado”, aseguró. 

De igual forma, planteó que la ilegalidad sobre los recursos podía probarse con la información de los movimientos bancarios, que, remarcó en aquel entonces, terminaron en las cuentas de la familia Sosa.

Asimismo, expuso que el hecho de que una empresa hiciera unas transferencias, “como en esta causa presumen hizo Contabilidad Siglos XXI”, y que el imputado “haya recibido ese dinero” implica que existe “una adquisición”, con la cual “posiblemente se configura el delito”.   

Gracias “al amigo Adán”

El 12 de julio de 2023, durante un acto de promoción política en el Centro Cultural La Garza, edificio central de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el rector Octavio Castillo Acosta agradeció a Adán Augusto López Hernández haber intervenido cuando era secretario de Gobernación para descongelar las cuentas bancarias de la casa de estudios –bloqueadas entre 2019 y 2022, con 151 millones de dólares en ellas, por presunto lavado de dinero– y el cambio de medida cautelar en favor de Gerardo Sosa Castelán.

El político había estado recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano desde su detención el 31 de agosto de 2020 en la Ciudad de México; no obstante, el 3 de febrero de 2022 recibió el primer cambio de medida cautelar: de confinamiento en el penal federal a prisión domiciliaria.

El Grupo Universidad respaldó a López Hernández en su intención de conseguir la nominación morenista a la Presidencia de la República. En aquel acto, llenó el recinto con gritos de “¡presidente, presidente!”. Tras el descarte del tabasqueño, expresaron su adhesión a Claudia Sheinbaum.

Tras el proceso de designación de candidaturas en Morena para los comicios de este 2024, el Grupo Universidad concentró sus operaciones en el PT, cuya dirigencia controla desde hace más de dos años, y por cuyas insignias realizaron sus postulaciones, incluyendo la de Óscar Damián Sosa Castelán para el Senado, accionista mayoritario de Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, una empresa que, con base en la causa penal 263/2020 por la que estaba bajo proceso su hermano Gerardo, transfirió 31 millones 305 mil 88 pesos a la firma de papel Contabilidad del Siglo XXI.

El 24 de mayo pasado, el juez de control Gregorio Salazar Hernández cambió nuevamente la medida cautelar, ahora de prisión domiciliaria a firma periódica. A cuatro días de las votaciones, Sosa se reunió con su grupo, comunidad estudiantil y sindicalizados en el Centro de Extensión Universitaria (CEUNI) e hizo un llamado al voto por el PT.

Antes del sobreseimiento, el jefe del Grupo Universidad estaba a la espera de una fecha para su juicio; asimismo, se le había quitado la restricción de no viajar fuera del país. El dejar sin efecto las imputaciones ocurre a cuatro días de que termine el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.