TOLUCA, Edomex. (apro).- La Legislatura del Estado de México avaló la reforma judicial federal, por mayoría de votos, mientras empleados de ese Poder se manifestaban a las afueras de la sede del Congreso local para pronunciarse en contra. 

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) se opusieron, al considerar que no busca eficientar la impartición de justicia y, por el contrario, somete al Poder Judicial en detrimento de los ciudadanos. 

Con 54 votos a favor, 20 en contra, y la abstención de la priista Paola Jiménez, el Estado de México, gobernado por la texcocana Delfina Gómez, una de los mandatarios más estimados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en la décimo novena entidad en avalar los cambios, como parte del Constituyente Permanente. 

Para agilizar la aprobación, la mayoría morenista propuso la dispensa de trámite de la minuta, pues el 05 de septiembre pasado apenas asumieron su encomienda los nuevos diputados locales y aún no se encuentran integradas las comisiones de trabajo, lo que además aplazaría el análisis. 

Durante la discusión, Omar Ortega, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), apeló a la división de poderes plasmada en la Constitución, como mandato máximo para garantizar el equilibrio y los contrapesos; y advirtió que la reforma vulnera la autonomía del Poder Judicial. 

Alertó que la designación de magistrados y jueces por voto popular no garantiza que los seleccionados cumplan con imparcialidad, menos que sean los más aptos para desempeñar el cargo, pues no pondera experiencia y perfil, y menos contempla la carrera judicial. 

Juan Zepeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), indicó que la minuta del Senado no es la solución porque no esgrime una reforma integral que surja de escuchar ampliamente a todos los sectores de la sociedad para perfeccionar el marco jurídico. 

Los cambios, prosiguió, son “producto del odio y del rencor; quieren someter y dominar al único Poder que el Ejecutivo no tenía bajo su influencia”; y criticó las formas en que se logró la mayoría en el Senado. 

Alertó sobre la intromisión del crimen organizado en la elección de juzgadores, pues en el sur de la entidad ni los partidos políticos pueden proponer candidatos para que libremente los elijan los ciudadanos; y recordó que a MC le amenazaron abanderados en esa región. El decreto, alertó, expone a quienes van a participar y existe riesgo de coacción de la voluntad popular. 

Planteó la posibilidad de que algunos Congresos locales hayan violado el procedimiento parlamentario al aprobar la minuta, pues la ratificaron sin que hubieran pasado las 24 horas a partir de la notificación del aval por el Congreso de la Unión. 

Pablo Fernández de Cevallos, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que la reforma no detalla cómo garantizar que los perfiles de los candidatos sean los ideales, el acceso de todos los ciudadanos a la justicia y el presupuesto para implementarla. 

Desde su punto de vista, pone en riesgo la estabilidad del sistema jurídico mexicano, afecta la certeza de inversionistas y ciudadanos, atenta contra el bien común, beneficia a unos pocos y deja fuera a los muchos. 

Admitió que la falta de acceso a la justicia es un problema grave, pero la reforma presidencial no plantea una solución para mitigar la corrupción. 

Elías Rescala, coordinador del Revolucionario Institucional (PRI), consideró peligroso que los cambios pretendan el debilitamiento de uno de los pilares de la democracia y del Estado Mexicano. 

La reforma, planteó, es compleja en su aplicación, no mejorará el sistema de justicia, el pueblo no elegirá libremente porque las candidaturas emergerán de las cúpulas del poder, el papel del pueblo se verá reducido a candidatos seleccionados, la votación será dirigida, limitada y condicionada. 

“Lejos de acercar justicia al pueblo, elimina el sistema de contrapesos, desaparece la carrera judicial y los exámenes de oposición, no está en sintonía con el sistema interamericano de derechos humanos, y genera incertidumbre a los inversionistas”, expuso. 

Es, dijo, preocupante la creación del Tribunal Disciplinario para procesar a jueces y magistrados con hipótesis ambiguas; hay riesgo de persecución y no habrá poder alguno que pueda detener este mandato. 

También alertó sobre la complejidad para que el pueblo conozca a los candidatos, pues dispondrá de muchas boletas, lo que vuelve humanamente imposible el análisis informado sobre los numerosos perfiles por los que votará; indicó que muchos electores ni siquiera conocen a su diputado, menos lo harán a sus candidatos a jueces.  

Refirió que la implementación costará 22 mil millones de pesos, según proyecciones de la Corte (SCJN), lo que resulta ofensivo para los mexicanos; los cambios, prosiguió, no acabarán con la corrupción y el nepotismo, debilitan al Poder Judicial, y no resolverán los problemas de justicia ordinaria. 

La petista Yareli Esparza justificó que el 02 de junio pasado el pueblo de México dio a la 4T el mandato de liberarlos de la oligarquía que se adueñó de la impartición de justicia, separar la función judicial del poder económico para garantizar una verdadera independencia judicial y protegerla de intereses fácticos. 

La verde ecologista Vanessa Linares indicó que el Poder Judicial fue minado por malas prácticas, de manera que la reforma es necesaria para la renovación y garantizar que la justicia sea accesible, respete los derechos humanos, mejore los procesos de selección y evaluación y fortalezca las competencias, partiendo de que la soberanía reside en el pueblo. 

La morenista Zaira Cedillo aseguró que las modificaciones garantizarán que jueces y magistrados no estén al servicio de unos cuantos, representen al interés colectivo y dejen de ser monopolio al servicio de la élite e intereses privados. 

La propuesta, prosiguió, evitará procesos viciados de selección de jueces, venta de exámenes de oposición, terminará con el influyentismo y la falta de criterios objetivos, al establecer nuevos requisitos; terminará con excesos en viáticos, las sesiones de la Corte serán públicas, se reducirá de 11 a 9 el número de ministros, y de 15 a 12 años su encargo. 

“El pueblo exige justicia pronta y expedita, sin privilegios, que responda a intereses del pueblo, sea confiable, rinda cuentas, actúe con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, sensibilidad y sororidad”. 

Finalmente, la priista Paola Jiménez solicitó usar la tribuna para advertir que sólo el Poder frena al Poder, la necesidad de contrapesos, y reflexionar sobre la integración de los Comités que propondrán a los candidatos, pues la reforma no establece metodología, y presenta requisitos laxos sobre profesionalización, expertisse y meritocracia. 

Apeló a cuestionarse si conviene politizar a los juzgadores al hacerlos elegibles por voto popular, y si se tienen los elementos para que la ciudadanía los elija. Si cada Poder propone a un tercio de los candidatos, alertó, dos Poderes absorberán la autonomía del tercero. 

Recordó que el Índice Global de Impunidad en México revela que más de 96% de los casos quedan impunes; de cada 100 delitos, sólo 6.4 se denuncian, y de cada cien denunciados, 14 se resuelven. Es decir, hay una probabilidad de 0.9% de resolver delitos, por lo que la reforma es necesaria, pero debiera centrarse en las víctimas, no en los juzgadores. 

En este entendido, convocó al Congreso local a poner en el centro del debate a los vulnerados y mejorar los medios de procuración de justicia cuando tenga que aterrizar, a nivel estatal, las modificaciones.