MORELIA, Mich., (apro).- Tras la vinculación a proceso de la ambientalista María Cruz Paz Zamora, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) inició este lunes una jornada de bloqueos carreteros para exigir su liberación.

La activista fue detenida el pasado 5 de junio acusada de la desaparición de los comuneros José Israel Vargas Jerónimo y Óscar Vargas Campos, originarios del municipio de Cherán, de quienes se desconoce el paradero desde el 2 de enero de este año. De acuerdo con el CSIM, la mujer responsabilizada de los hechos es “presa política” y su detención constituye una represalia por la lucha que ha impulsado en la defensa de los bosques de la región.

A través de un pronunciamiento difundido en la red social Facebook, la organización que aglutina a alrededor de 70 comunidades indígenas anunció la Jornada Estatal por la Liberación de la Guardiana de los Bosques María Cruz Paz, con motivo de su “detención arbitraria y criminalización” por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), “institución que fabrica delitos, perpetúa la injusticia y crea chivos expiatorios”.

Entre las carreteras tomadas se encuentran Paracho-Tangancícuaro, en Ocumicho; Cheran-Zamora, en Uren; Pátzcuaro-Uruapan, en San Juan Tumbio; Morelia-Lázaro Cárdenas, en Taretán; y Morelia-Zacapu, en Santa Fe de la Laguna.

Por su parte, la FGE argumentó que cuenta con datos de prueba “objetivos e idóneos” para acreditar la posible responsabilidad de la ambientalista en la desaparición de José Israel Vargas Jerónimo y Óscar Vargas Campos. Señaló que el 5 de junio, la investigada fue detenida con base en una orden de aprehensión y el día 11 fue vinculada a proceso “una vez que el Juez de Control resolvió que había datos suficientes, más allá duda razonable, de su posible responsabilidad de la desaparición de los comuneros”.

Refirió que, desde la desaparición de los comuneros, la Fiscalía Regional emprendió actos de investigación tanto de gabinete como de campo para esclarecer los hechos y durante la indagatoria se recabaron datos de prueba que permitieron afianzar una teoría del caso sólida y determinar la posible responsabilidad de María Cruz. Luego de la vinculación a proceso, el juez acordó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, por lo que “la Fiscalía continuará con las actuaciones correspondientes para robustecer su teoría”.