PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (apro).- La Fiscalía de Quintana Roo separó del cargo de director de la Policía de Investigación, Pedro León Toro Peña, luego de organizar una lujosa fiesta de XV años para la cual contrató a la agrupación Tucanes de Tijuana.

Este martes, la dependencia quintanarroense dio a conocer que separó del cargo al servidor público para turnar su caso a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, tras ser exhibido en notas informativas donde se señala que el pasado 18 de mayo celebró los XV años de su hija, en Chiapas, a costos millonarios.

Toro Peña había asumido el cargo en julio de 2023 luego que llegó al mando de la Fiscalía de Quintana Roo, Raciel López Salazar. Ambos son originarios de Chiapas, estado donde iniciaron su carrera ministerial.

De acuerdo con su declaración patrimonial, Toro Peña ganaba un sueldo mensual de 72 mil 526 pesos, dinero insuficiente para cubrir el gasto oneroso por la celebración que tuvo el pasado fin de semana.

Según notas de prensa, la celebración ocurrió en el salón lujoso Country Royal, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un costo superior a los 600 mil pesos sólo por la renta del inmueble.

Toro Peña inició su carrera como policía de investigación en 2011, cuando ocupó la titularidad de la Dirección General de la Policía Especializada, de la Fiscalía de Chiapas. En 2018 se separó del cargo.

Al año siguiente pasó a ser fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), en el mismo estado. En 2020 fue subsecretario de Coordinación y Operación Policial de Puebla. A partir de 2023 ocupó el cargo de director de la Policía de Investigación de Quintana Roo.

Además, en su declaración patrimonial se lee que cuenta con la licenciatura de Seguridad Pública y Protección Ciudadana con un título obtenido en noviembre de 2015.

Toro Peña fue el titular del máximo cargo jerárquico para emprender acciones de investigación de delitos dentro de la administración pública de Quintana Roo, donde actualmente gobierna Morena.

En esta entidad son múltiples las demandas de la sociedad civil que exige celeridad en las investigaciones de los delitos de alto de impacto que van en aumento, como homicidio, extorsión, violación y robo.