OAXACA, Oax. (apro).- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció la derogación del polémico artículo 25 de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca por la presunta “privatización” de la propiedad social, que llegó a los tribunales luego de que grupos sociales interpusieron un amparo federal;  dicho artículo desató una lluvia de críticas contra el mandatario que incluso lo llegaron a tachar hasta de emular políticas de Carlos Salinas de Gortari.

Aunque  Jara Cruz pretendió matizar que lo que buscaba era beneficiar a los municipios al incrementar el padrón de propiedad inmobiliaria y en consecuencia el impuesto predial, que sirve de indicador para la distribución de participaciones federales, la realidad es que las movilizaciones de las organizaciones sociales y comisariados de Bienes Comunales y Ejidales de Oaxaca obligaron a Jara Cruz a recular ante la amenaza de que le “lloverían controversias constitucionales”.

Tal como sucedió en una reunión plenaria entre comuneros, activistas y ejidatarios, en conjunto con la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias, que decidieron interponer un amparo en el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz, donde piden se derogue el artículo 25 de la Ley de Ingresos.

Antes, el antropólogo Gerardo Garfias Ruiz tachó el programa como “tontera”, y auguró que van a “llover controversias constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tumbar ese punto de la Ley de Ingresos estatal”.

Además, adelantó que dicha propuesta de Jara le va a costar votos a Morena en la próxima elección presidencial, por tomar “medidas poco populares y muy mal sustentadas jurídicamente”.

A casi dos meses de que el Congreso de Oaxaca, con mayoría de Morena, aprobó sin analizar la Ley de Ingresos de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2024 que envió el gobernador, donde se incluye el Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, que consiste en darle certeza jurídica a las personas poseedoras de predios, siempre y cuando ya tengan el “dominio pleno”, se deroga.

Durante un “Primer Encuentro Estatal de Órganos de Representación y Vigilancia de Ejidos y Comunidades del Estado de Oaxaca”, que convocó el Ejecutivo “al vapor”, Jara Cruz anunció la derogación del artículo 25 de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, donde rechazó que su administración esté a favor de la privatización de las tierras comunales y ejidales.

Ahí el gobernador aclaró que “no buscamos ni buscaremos debilitar la propiedad social de la tierra, ejidal y comunal, ni incentivamos su privatización, por el contrario, para nosotros el tema agrario es una prioridad y estamos enfocados en fortalecerlo y darle solución a diversas controversias presentadas por la Junta de Conciliación Agraria”.

Aclaró que únicamente se derogará el artículo 25 relacionado con los incentivos fiscales y todo lo demás seguirá operando de la misma manera; se mantendrán los derechos vigentes establecidos en la Ley Estatal de Derechos del Estado de Oaxaca y en la Ley Estatal de Hacienda.

Refrendó el respeto de su gobierno por la propiedad social y los derechos agrarios de los ejidos, y resaltó que su gobierno está comprometido con el desarrollo del campo, ejemplo de ello es el presupuesto canalizado a este sector el cual alcanza los mil millones de pesos.

Jara Cruz apuntó que a diferencia de la administración pasada que sólo solucionó dos conflictos agrarios en un sexenio, su gobierno en 14 meses resolvió 16 problemas. En este sentido, convocó a las autoridades federales agrarias a sumarse a los trabajos de conciliación de conflictos.

Sin embargo, olvidó mencionar que durante su primer año de gobierno al menos 24 personas fueron asesinadas en Oaxaca en ataques armados protagonizados por grupos delictivos que buscan tener el control de zonas maderables y por los megaproyectos que se pretenden desarrollar en territorio oaxaqueño, según el delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Manuel García Corpus.

Asimismo, hizo hincapié en que Oaxaca concentra 283 conflictos agrarios, lo que equivale a 56.6% del total de conflictos existentes en el país, de los cuales 23 son considerados de alto riesgo, 51 de mediano riesgo y 208 de bajo riesgo, puntualizando que los niveles de riesgo se definen de acuerdo con las condiciones de confrontación que se viven en las zonas de conflicto.

Cabe recordar que en el primer año de gobierno del morenista Salomón Jara Cruz se registraron dos matanzas que marcaron con sangre el actual sexenio: en San Miguel El Grande, con ocho muertos, cuatro secuestrados y al menos 30 ataques con armas de fuego, y en Santiago Mitlatongo, donde nueve personas murieron, entre ellas cuatro mujeres, y cuatro más resultaron heridas con impactos de arma de fuego en una emboscada a una camioneta de transporte público.