OAXACA, Oax. (apro).- Front Line Defenders y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) exigieron a las autoridades federales, estatales y municipales retirar los cargos contra el agente municipal comunitario de Puente Madera David Hernández Salazar, sentenciado a 46 años y 6 meses de prisión, por defender el territorio binniza y oponerse al polo de desarrollo industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en el cerro El Pitayal.

Las organizaciones nacionales e internacionales consideran que la sentencia en contra del también integrante de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI) es una forma de represalia a su legítima y pacífica labor de defensa de los derechos humanos y de su territorio binniza.

Recordaron que el pasado 7 de febrero de 2024, el Juzgado de Control de Salina Cruz dictó sentencia condenatoria de 46 años y 6 meses de prisión más una multa de 182 mil 818 pesos y un pago por reparación de daños por la cantidad de 1 millón 100 mil 15 pesos contra el defensor binniza (zapoteco) David Hernández Salazar.

Explicaron que Hernández Salazar había sido denunciado junto a otros 17 integrantes más de la comunidad indígena binniza de Puente Madera por su oposición a la instalación del polo de desarrollo de San Blas Atempa en las tierras de uso común El Pitayal, en el marco del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

David Hernández Salazar ha luchado activamente desde 2017 en defensa del derecho al territorio en las tierras de uso común El Pitayal, motivo por el cual ha sido objeto de criminalización desde entonces. Como consecuencia del trabajo de defensa de las tierras de uso común de la comunidad indígena binniza, en 2023 se logró la suspensión de oficio y plano del polo de desarrollo de San Blas Atempa.

Fue el 7 de febrero de 2024 cuando el Juzgado de Control de Salina Cruz dictó sentencia condenatoria de 46 años y 6 meses en contra de David Hernández Salazar por los delitos de daños por incendio y lesiones dolosas, presuntamente cometidos en el municipio de San Blas Atempa el 12 de febrero de 2022, mientras el defensor se encontraba en camino a la estación de la Radio Comunitaria Didxazza Stipa de San Blas Atempa a denunciar hechos de hostigamiento que venía sufriendo en su contra días anteriores.

La denuncia contra el defensor fue interpuesta por el municipio de San Blas Atempa y el Registro Agrario Nacional (RAN), declinando este último como demandante posteriormente.

Esta es la segunda ocasión en la que se pretende criminalizar al defensor por su labor de defensa del territorio indígena binniza. En 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el municipio de San Blas Atempa interpusieron una denuncia contra el defensor por el presunto delito de ataques a las vías generales de comunicación por hechos ocurridos el 14 de marzo de 2021 durante las protestas ocurridas en la comunidad de Puente Madera. El defensor David Hernández finalmente no fue vinculado a ese proceso.

Paralelamente, al proceso que tuvo la presente sentencia condenatoria, el 18 de octubre de 2023, el defensor David Hernández fue notificado con una nueva demanda federal por el delito de ataques a las vías de comunicación, cuya audiencia inicial se llevará a cabo el próximo 21 de febrero.

Front Line Defenders, la Red TDT y más organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron anteriormente en relación al marco de la violencia y violación de derechos hacia las comunidades que defienden su tierra y territorio frente al CIIT en la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.

“Front Line Defenders y la Red TDT reiteran su condena a la sentencia en contra del defensor de derechos humanos David Hernández Salazar, la cual consideran que pretende intimidar y restringir su labor de derechos humanos mediante la imposición de denuncias y penas excesivas.

“Es por ello que instan a las autoridades de México a retirar los cargos; se garantice en todo momento el ejercicio de defender derechos humanos a favor de la comunidad de Puente Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio; se garanticen que los defensores y defensoras de los derechos humanos en México puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones cualesquiera, incluso hostigamiento judicial”.

Luego de calificar esta sentencia como “injusta y absurda”, consideran que esta determinación es un “claro ejemplo de criminalización y persecución por su labor como defensor del territorio, los derechos humanos y de los pueblos indígenas”.

Y agregaron que “esto deja claro la corrupción y colusión de las autoridades del Poder Judicial con grupos políticos y empresariales de la región vinculados al crimen organizado, a quienes les estorban las personas defensoras del territorio y pretenden callarlas con prisión, desapareciendo o asesinándolas”.

Recordaron que David Hernández Salazar ha sido criminalizado desde 2017 en su lucha por la defensa de las tierras de uso común de El Pitayal. En ese momento, contra la imposición de la subestación eléctrica del Ejército Mexicano, fue detenido ilegalmente y golpeado por la Policía Municipal, continuando por una serie de campañas de difamación a su persona y amenazas a su integridad física y psicológica.

Nuevamente, en 2021, por su representación como agente comunitario de Puente Madera e integrante de la Coordinación General de la APIIDTT, enfrentó una primera demanda federal en 2021 (carpeta judicial 269/2021) en la que no fue vinculado a proceso.

En un segundo momento, a inicios de 2022, dio comienzo la causa penal 446/2022, haciendo efecto el 16 de enero de 2023 con su detención ilegal y abriendo la carpeta de investigación, la cual es motivo del presente escrito; por último, en octubre de 2023 se le notifica de una nueva demanda federal, cuya audiencia inicial dará el próximo 21 de febrero. En estos tres procesos, el principal promotor ha sido en todo momento el municipio de San Blas Atempa, obedeciendo a Antonino Morales Toledo, exsecretario de Administración del gobierno de Salomón Jara Cruz y actual candidato al Senado de la República por Morena.

Los inconformes aclararon que “esta condena (de 46 años y 6 meses) no es absoluta y no se ejecuta de manera inmediata porque tenemos amparos contra las órdenes de aprehensión de David y las 17 personas de Puente Madera incriminadas en la causa penal 446/2022, por lo que continuaremos trabajando en la defensa legal, interponiendo los recursos necesarios y acudiendo a las instancias competentes que puedan darle la revisión a esta sentencia injusta y absurda”.

Advirtieron: “Con mucha rabia y coraje, ratificamos que nuestra lucha va a continuar por la defensa de las tierras de uso común de El Pitayal que da vida a nuestra comunidad e historia como pueblo binniza. Llevamos años defendiendo lo común, lo nuestro, lo colectivo y lo seguiremos haciendo, defendiendo la vida con la vida misma de ser necesario”.

Finalmente resaltaron que del 14 al 17 de marzo de 2024 celebrarán tres años de resistencia en defensa del monte El Pitayal, la cual se realizará en la comunidad en rebeldía de Puente Madera.