MONTERREY, N. L. (apro).– El Congreso del Estado consiguió arrebatar la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) al gobernador Samuel García, al obligarlo a que publicara el respectivo decreto mediante el cual la instancia investigadora de delitos patrimoniales pasa a la Fiscalía General de Estado, controlada por PRI y PAN.

Luego de que fueran interpuestos recursos de controversia constitucional de los legisladores por la renuencia del mandatario a publicarla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso que la ahora llamada Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera (FEIF), que dependía de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado, pase a integrarse a la Fiscalía nuevoleonesa, que designará al nuevo titular.

Emplazado por la SCJN, García Sepúlveda publicó ayer el decreto respectivo para en un lapso no mayor de 60 días, el Fiscal General haga el nombramiento.

También se determina que antes de 90 días la Secretaría de Finanzas del Estado y la Fiscalía General estatal elaboren la respectiva reglamentación interna y quede instalada la nueva unidad.

El actual encargado del despacho de la Fiscalía estatal es Pedro Arce Jardón, de reconocidas ligas con priistas, quien permanecerá en el cargo mientras no se resuelva un amparo del Gobierno del Estado que impide que sea nombrado el nuevo titular de la dependencia, decisión que le corresponderá al Congreso de la entidad, de mayoría tricolor y albiazul aliados y confrontados abiertamente con el mandatario de Movimiento Ciudadano.

El decreto 196 reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León en sus artículos 2 y 10, 33 y 33 Bis, que señala en su parte medular que la FEIF “es el órgano competente para investigar los hechos que presuman o presupongan en las personas un beneficio o incremento económico injustificable que hayan participado en operaciones con uso de recursos de procedencia ilícita o que incurran en alguno de los delitos comprendidos en el Código Fiscal del Estado”.

“La FEIF será la única autoridad competente en el estado para generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal patrimonial de las personas físicas y morales que conlleve a la investigación de hechos presumiblemente ilícitos que produzcan los efectos señalados en el párrafo anterior. Para los efectos anteriores será la única autoridad estatal facultada para inmovilizar cuentas o valores del sistema financiero bajo las reglas previstas en la Constitución federal y Código Nacional de Procedimientos Penales”.

En el mismo decreto se señala que todos los asuntos que llevaba la anterior UIFE, así como de la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía general, pasarán a la competencia de la FEIF.

Se espera que el Gobierno del estado presente una nueva controversia constitucional debido a que, según alega, la creación de esta Fiscalía especializada invade atribuciones del Ejecutivo estatal.

La anterior Unidad, que controlaba la administración actual a través de la Secretaría de Finanzas, era señalada de manera reiterada como instrumento de presión de Samuel García que la activaba para amedrentar a opositores políticos mediante investigaciones y auditorías.