CHILPANCINGO, Gro. (apro).– Tuvieron que pasar más de 50 años para que cinco familias pudieran recuperar los cuerpos de sus seres queridos que fueron fusilados y sepultados en fosas clandestinas por el Ejército en lo alto de la sierra de Ajuchitlán del Progreso.

Este viernes, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) entregó los cuerpos de José Isabel Rojas Bernardino, Apolonio Hernández Bernardino, Gervacio Bernardino Durán, Bartolo Rojas Nazario y Pablo Rojas Terán, que tenía 14 años cuando fue asesinado al salir a buscar a su papá Francisco Rojas Nazario.

La desaparición forzada y ejecución extrajudicial ocurrió en tres momentos. El 19 de diciembre de 1967 en la localidad de Los Espadines; el 20 de julio de 1971 en Las Desdichas y el 19 de noviembre de 1974 en Las Juntas.

Gloria Rojas Terán llegó al Semefo de Chilpancingo con un manojo de flores amarillas y blancas, algunas ya marchitas por la larga espera a causa de los trámites. 

“Traigo flores para recibir a mi hermanito”, dijo.

Gloria tenía 10 años cuando, la mañana del 19 de diciembre de 1967, soldados del Ejército irrumpieron en Los Espadines, un asentamiento de 10 viviendas, y empezaron a disparar a mansalva.

La imagen la tiene presente como si no hubiesen transcurrido ya 57 años.

“Llegaron los militares como a las 6 (de la mañana) y a Pablito lo mataron como eso de las 7:30. Disparaban sobre la familia, a mi mama le dieron, a mi papa y mi hermano.

“Le dieron primero a don Gervacio y mi tío Bartolo, a don Eduviges. Fue como a las 9 que los mataron, trataron de salir, pero no lo lograron, estaba rodeada la cuadrilla de federales”, relató.

Además, los militares saquearon las viviendas. La casa de la familia de Gloria tenía una pequeña tienda, los pocos abarrotes se los llevaron y lo demás lo regaron.

“Se robaron todo lo que teníamos, éramos pocos los habitantes de Los Espadines, apenas se estaban formando la cuadrilla, había como 10 casas y una escuela donde otro de mis hermanos daba clases porque se había recibido de maestro.

“Nosotros los levantamos (a los cuerpos), escarbamos para echarlos en la fosa común. Otros fueron llevados y ejecutados fuera del pueblo”.

Claudio Rojas Bernardino tenía 4 años cuando vivió aquella pesadilla. 

Aún recuerda cuando le dijeron que habían matado a su papá Bartolo Rojas Nazario.

“Poco recuerdo exactamente, dijeron '¡mataron a tu papá!'.

“Llegó el Ejército buscando a Lucio Cabañas (el profesor rural que organizó la guerrilla en la sierra de Guerrero y fundó el Partido de los Pobres).

“Investigándolos que si eran de su guerrilla. El gobierno sí que perseguía y quería desquitarse con quien fuera, buscando a los campesinos”.

Dice que ese día mataron ahí en Los Espadines a cinco personas, entre ellos al niño Pablo de 14 años, porque salió en busca de su papá.

“Ahí le tocó, los tres también que cayeron los sacaron de sus casas, los rodearon y los fusilaron. Así nos platica mi madre porque ella gracias a Dios todavía vive”.

“A ella le dijeron ‘ustedes saben dónde los entierran”, así es que puras mujeres les dieron sepultura, los enterraron a 40 centímetros, no fue una sepultura digna ni en un panteón como debe de ser, fue una fosa clandestina”.

Las familias ya tenían décadas pidiendo a las autoridades la exhumación de los cuerpos de sus seres queridos. Fue hasta septiembre de 2023 que los encontraron, los exhumaron y los trasladaron a la FGE para realizar la plena identificación.

“Mi madre sabía dónde estaban, fue rápida la búsqueda y la exhumación, fueron las autoridades a verificar y luego hicieron los trabajos con gente especializada”, explicó Claudio Rojas.

A las 10 de la mañana de este viernes, decenas de familiares e integrantes de los colectivos de búsqueda de víctimas de la guerra sucia llegaron a la Coordinación de Servicios Periciales de la FGE en Chilpancingo.

Llegaron en una caravana de automóviles particulares y camionetas Urvan de transporte público, acompañados de tres carrozas.

A su llegada, Estela Arroyo Castro, dirigente de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades de Violaciones a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, expresó:

"Durante 50 años estuvieron ocultos en fosas clandestinas, donde el Ejército mexicano los masacró a ocho personas".

Dijo que faltaba identificar genéticamente a Francisco Rojas Nazario y Eduviges Ovillada Ortiz.

Además, permanece en calidad de desaparecido José Santos González Rojas, que se presume podría estar sepultado en las inmediaciones del poblado Palos Altos del Ajuchitlán.

Por la tarde se trasladaron al Semefo de la misma Fiscalía donde recibieron los cinco cuerpos.

En la explanada de la morgue montaron una guardia a las víctimas y realizaron un mitin para exigir justicia.

“¡No han muerto camaradas, sus muertes serán vengadas!” y “¡Ejército asesino que mata campesinos!”, fueron algunas de las consignas.

Las cajas fueron cubiertas con banderas de México y flores.

Luego se trasladaron a la 35 zona militar. Las cinco cajas fueron colocadas en la entrada principal, que ya había sido cerrada.

Antes de la llegada, un grupo de militares retiró las tapas metálicas de una alcantarilla frente a sus accesos y levantaron postes de concreto para impedir el ingreso de automóviles.

Estela Arroyo expresó desde un micrófono:

“Les queremos decir que no vamos a descansar hasta que se nos haga justicia porque fueron masacrados injustamente, vivían del campo y de la cría de chivos en sus comunidades”.

“Pudimos encontrarlos en fosas clandestinas donde el Ejército mismo obligó a las familias a que hicieran sus propias fosas”.

“Por eso pedimos justicia y castigo a los culpables y castigo a los culpables”.

Se pasó lista a las víctimas.

Octaviano Gervacio, representante legal de las víctimas, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum, en su calidad de comandante suprema de las Fuerzas Armadas, abrir los archivos de la represión contra comunidades en el periodo de la guerra sucia.

“El Ejército tiene toda la verdad de los hechos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está callada, no dice nada.”

Dijo que las cinco víctimas que presentaron en la zona militar son la prueba de las ejecuciones perpetradas por parte de elementos del Ejército en el periodo de la guerra sucia.

Añadió que la Sedena también tiene información de los llamados “vuelos de la muerte”.

Tienen toda la información de donde quedaron nuestros padres que fueron desaparecidos de manera forzada, dijo.

“Lo que pasó en esa época fue terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad.”

La jornada concluyó con un homenaje a las víctimas en el teatro hundido de la Alameda Central Francisco Granados Maldonado.

Por la noche, los cuerpos fueron trasladados a municipios de la Costa Grande y en la zona centro, donde ahora viven los sobrevivientes y familiares. Las tres comunidades que fueron víctimas de este episodio han desaparecido.