PACHUCA, Hgo. (apro).- Edgar Hernández Dañu, exdiputado local por el Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo, sentenciado el 14 de noviembre a cinco años de prisión por el delito de narcomenudeo, acusó el incumplimiento de un acuerdo político por parte del grupo del gobernador Julio Menchaca Salazar, mediante el cual, en un procedimiento abreviado, él aceptaría la culpabilidad y rechazaría apelar, a cambio de que la mujer coacusada en su caso quedara libre. 

Al pactar, el exlegislador reconoció que habría una injerencia desde el Ejecutivo a un poder que debería ser autónomo, el Judicial, y aseguró que el intermediario en las negociaciones fue el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri.  

En entrevista con Proceso desde el Hotel Sahara en Pachuca, donde cumple una medida cautelar de prisión domiciliaria, Hernández Dañu sostuvo que el acuerdo de facto lo cerraron en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la capital hidalguense, donde él estuvo recluido del 21 de septiembre de 2023 al 9 de mayo de 2024, y a donde, aseveró, lo visitó en varias ocasiones el mando de la policía. Aun con la negociación, el exintegrante de la bancada petista sostiene que es inocente y fue víctima de un delito fabricado; desde su perspectiva, por tener una posición crítica sobre el mandato morenista en Hidalgo, aunque ambos son parte de la denominada “cuarta transformación” (4T).  

“Después de buscarme por varios colaboradores cercanos, de que buscaban diálogo, por el tema político, no solamente colaboradores, sino también excompañeros diputados, acepté una plática –lo digo así, porque en seis meses yo no había hecho ninguna declaración– él me dijo: ‘yo soy un hombre de palabra’, yo le dije: ‘yo también, siempre y cuando se respeten los acuerdos’. Finalmente él estaba representando a todo ese sistema. Estoy hablando del secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri”, relató el exasambleísta, quien recuerda “entre tres o cuatro reuniones” en el Cereso con el jefe de la policía de la entidad, la última el 15 de marzo, cuando le pidió que dejara en libertad a Blanca Areli L.D., detenida junto a él la madrugada del 23 de septiembre de 2023 en una vivienda ubicada en el barrio San Nicolás, entre calle cuarta cerrada de Ignacio Manuel Altamirano, en Ixmiquilpan. Desde entonces, ambos permanecían encarcelados.  

“Le dije: ‘ella no tiene nada que ver en esto, este es un tema de varones, de hombres’, y él me dijo: ‘no, sí; yo tengo palabra, yo tengo la anuencia del gobernador (…) mañana está libre’. Y dicho y hecho. Hasta el mismo ministerio público redactó cómo debería ir la solicitud. La audiencia no estaba ni programada ni notificada, pero el juez ya estaba ahí al otro día”, expuso, sobre la forma en la que progresaba el acuerdo.  

No obstante, la coacusada igualmente recibió una sentencia el 14 de noviembre por el delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio; ella, de dos años, que tiene posibilidad de conmutar.  

Las negociaciones, precisó, llevaron tiempo: el primer acuerdo que le plantearon era que aceptara una culpa de cuatro años, emitiera una disculpa pública, quedara inhabilitado, pagara una multa y la reparación del daño, pero él se negó. 

En la serie de contrapropuestas, aceptó una condena de cinco años, no quedar inhabilitado ni cubrir reparación del daño o multa porque, dice, él no era culpable, sino que “cedía”, con énfasis en que la persona que le acompañaba no debería recibir pena. 

“Fue un tema que ya estaba platicado políticamente. No es que quisiera yo ayudarla, sino que es una persona que es ajena a lo político, que es ajena a este ambiente y que de verdad yo te lo digo así, sinceramente: entre hombres, pues bueno, lo que quieras, pero meterte con la familia, con los seres cercanos, queridos, pues yo creo que hasta en eso hay códigos, y te lo digo yo que estuve recluido en el penal y finalmente conoces a personajes que se dedican a ciertas actividades, y creo que tienen más honor y más palabra que muchos funcionarios”, reclamó.    

Al exlegislador, que presidía la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda en el Congreso, le cambiaron la medida cautelar de prisión preventiva a resguardo domiciliario el 9 de mayo de 2024. Él reconoce que eligió el Hotel Sahara, como parte de una petición que le hicieron de no volver a Ixmiquilpan, donde radicaba en el departamento rentado. Desde entonces, tiene asignados elementos de la corporación de seguridad estatal; “dicen que no (están) vigilándonos, sino cuidándonos”.  

El parte del operativo que encabezó el 21 de septiembre la Unidad Especializada en Homicidios Dolosos y Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), y el cual derivó en la captura de Hernández Dañu y Blanca Areli L.D., dice que hallaron 92.7 gramos de mariguana, 13 mil 83 miligramos de metanfetaminas, un arma larga, otra de calibre corto y cartuchos útiles.  

Como desde el inicio de su proceso, el exdiputado aseguró que las sustancias y el armamento fueron sembrados y que él es un preso político. Asimismo, expuso que no libró el delito federal de portación de arma por tener fuero.  

Reconoció que cuando llegó esa audiencia, el juez advirtió a la parte acusadora que si no tenía el juicio de procedencia, “estarían cometiendo un delito, y el fiscal y el coordinador de fiscales quedarían detenidos por delitos contra la administración pública”. Dicho juicio debió de ser solicitado al Congreso estatal, de mayoría morenista.  

No obstante, dijo que la audiencia se llevó a cabo, sin él, durante seis días, y que en el desahogo de pruebas se resolvió la no vinculación, porque, recalcó, el juez determinó que el cateo fue considerado ilegal e improcedente. La decisión fue apelada por la contraparte, pero un colegiado de circuito la ratificó. 

Añadió que ninguno de los que firmó el acta circunstanciada, policías, peritos, ministerios públicos, compareció en esa audiencia del 3 de mayo de 2024, y que ni con el auxilio de la fuerza pública pudieron localizarla a dos agentes de la Secretaría de Seguridad de Hidalgo (SSPH) que, ironizó, “curiosamente se dieron de baja inmediatamente después del cateo”.  

“Yo sabía que estaban preparando algo así. Uno, cuando empiezas a incomodar, a tocar intereses… no me estaban investigando, porque ellos formalmente dicen que recibieron una llamada anónima el 18 de septiembre del 2023, de ahí surge todo, y me detienen el 21”. 

Los días 18, 19 y 20, según el seguimiento del caso, un agente se apersona cerca del domicilio e investiga. Dice que ve personas que entregan dinero y reciben paquetes. 

Horas antes de la detención, el entonces diputado estaba en una Ciudad de México en una reunión política con la ahora presidenta Claudia Sheinbaum y otros integrantes del Partido del Trabajo.  

El operativo inició a las 5:25 horas de la mañana, cuando los elementos ingresaron al cateo en un inmueble con zaguán rojo, color ladrillo, con herrería, que daba al departamento en el que se encontraba Hernández Dañu y su acompañante. 

“Ellos no querían llegar a juicio por una situación, cuando nos detienen en un primer momento nos dicen que habían encontrado narcóticos. En Pachuca, ya en el transcurso del 22 de septiembre, nos dicen que eran narcóticos, que eran armas, que algunas estaban relacionadas con unos homicidios… 

“El ministerio público dice que traíamos 63 mil miligramos de cristal. El juez lo corrige: no puede ser esa cantidad, porque si es así, tendríamos que turnarlo al federal. Trece gramos, corrige. Querían que estuviéramos sometidos bajo las autoridades del estado”, plantea sobre posibles irregularidades en la operación del sistema de justica.   

Edgar Hernández Dañu cree que algunas críticas sobre obras públicas probablemente deficientes en la región del Valle del Mezquital, así como las que vertía sobre el rumbo que tomaba la 4T en la entidad, pudieron derivar en su detención, aunque reconoció que se había disciplinado políticamente a las decisiones del gobernador, al aprobar sus propuestas de reforma a la ley: “Iniciativa que llegaba del gobernador, al día siguiente estaban listas para aprobación”, aunque había un rezago de más de 700 de legislaturas pasadas. También, al atender su llamado político. 

“Lo reconozco, uno, con tal de estar dentro de un grupo y que no te vean como el rebelde, el que no obedece, porque esa vez recuerdo las palabras que dijo el gobernador, que había tenido un desayuno con el presidente de República, Andrés Manuel (López Obrador), y que le dejó muy en claro que cualquier personaje, cualquier amigo, de los que estamos aquí, que critique, que no obedezca, se va a considerar traición. Eso nos lo dijo en su despacho, en una reunión que tuvimos”, refiere sobre un encuentro, cuya fecha no recuerda, en el que estuvieron presentes las bancadas afines al “movimiento”.   

El 21 de noviembre, a las 12:31 horas, la defensa del político apeló la sentencia. El exlegislador buscó a Proceso para ejercer un derecho de réplica y, sobre las negociaciones que hizo, justificó: “Nosotros aceptamos para que quede en evidencia que el gobierno del estado tiene bajo sus manos el control tanto del poder judicial y como de la procuraduría, que deberían ser órganos autónomos; en este caso, el poder judicial debería ser una institución que brindara un equilibrio de poderes”. 

Tras sus declaraciones, dijo que hace responsable de cualquier acontecimiento al gobernador Julio Ramón Menchaca Salazar, al secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna; al secretario de Seguridad, Salvador Cruz Neri, y al encargado del despacho de la procuraduría, Francisco Fernández Hasbun.