HIDALGO (apro).- Antes de que sujetos armados liberaran a dos reos acusados de secuestro el pasado 5 de noviembre, cuando eran trasladados a su audiencia intermedia, los policías procesales de Hidalgo habían notificado al gobierno estatal sobre conatos de fuga y condiciones que ponían en riesgo su labor, como no contar con armas, equipo táctico ni siquiera botas adecuadas.

En una ocasión, el vehículo en el que viajaban falló y elementos debieron tomar una decisión para cumplir su encomienda: caminar con un reo de alta peligrosidad para dirigirlo a los juzgados, con el riesgo de ser atacados. 

Policías procesales y familiares acusaron el abandono y criminalización por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) hacia dos agentes, V.E.G.B. y F.A.M., la policía y el policía que trasladaban en Mixquiahuala a tres presuntos secuestradores –uno de los imputados decidió no huir– a una audiencia a los juzgados, cuando probables sicarios los interceptaron. 

Aunque su defensa argumentó que fueron encañonados y desarmados por un grupo armado, el ministerio público respondió que pudieron evitar la fuga si solicitaban apoyo. El juez de control los vinculó a proceso por su posible responsabilidad en el delito de evasión de presos y dio dos meses para la investigación complementaria, en la que ambos quedarán detenidos.  

El departamento de policía procesal se fundó en 2016 con 20 elementos, como parte del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Hidalgo. Los elementos deben cubrir los traslados de personas privadas de la libertad de los Centros de Reinserción Social, a los juzgados, en los 17 distritos judiciales en materia Penal Acusatorio y Oral que existen en el estado.

Por la sobresaturación de actividades, la plantilla creció a 57, pero, denuncian, no cubren la demanda, porque en toda la entidad se realizan entre cien y 120 audiencias diarias. Los agentes y sus familias, que pidieron la reserva de su identidad ante el riesgo de represalias, reconocen que existen audiencias sin detenido en las que no se presta seguridad porque los mandos les instruyen dar prioridad a los traslados, para los cuales, reiteran, no tienen los instrumentos adecuados que garanticen su vida y tampoco la de los presos con los que viajan, ya que también se desplazan a otros territorios con distintas realidades delictivas como el Estado de México, Querétaro, Tlaxcala y Morelos.

Esta situación ha llevado a que cuatro personas trasladen hasta diez reclusos categorizados con diferente nivel de peligrosidad, quienes deben ser ingresados a diferentes salas, lo cual contraviene el propio Protocolo de Traslado, acusan los agentes, quienes están adscritos a la Unidad de Medidas Cautelares de la SSPH. 

Sin radios de comunicación, usan sus celulares personales para comunicarse desde el momento que excarcelan a los reos, hasta que anuncian su llegada al juzgado, ingresan a las salas y, posteriormente, para notificar su salida con el fin de regresar a los Centros de Reinserción Social (Ceresos). Estas condiciones, aseguran, los pone en vulnerabilidad porque no tienen certezas de comunicaciones seguras.

Un agravante, añaden, es que existen zonas en Hidalgo en las que no existe red de celular, por lo que pierden comunicación por lapsos que llegan a ser prolongados, sin que nadie pueda identificar dónde se encuentran de manera precisa porque no puede existir un monitoreo en tiempo real, además de que, en situaciones así, no tienen posibilidad de reaccionar ante una emergencia. 

Las unidades, además, han presentado fallas mecánicas cuando llevan imputados a bordo, lo cual, reclaman, acrecienta el riesgo de que todos los tripulantes sean víctimas de algún ataque, ya que, reconocen, existen personas privadas de la libertad que pertenecen a organizaciones criminales que tienen capacidad de fuego y recursos para intentar liberar a sus integrantes, pero también existen enfrentamientos entre grupos, por lo que hay antagonistas, igualmente con poder de fuego y recursos materiales y humanos, que pueden atacarlos, al igual que a los policías. 

En ninguna de los dos escenarios, aceptan, tienen posibilidad de reacción, por las limitaciones en armamento, su inferioridad de fuerza y porque no todos tienen adiestramiento para contención de comandos o hacer frente a una emboscada o a una situación de riesgo que implique que alguien abra fuego.

Ponchaduras de llantas, que acusan están completamente lisas, con alambres que sobresalen de las gomas, pero aun con ellas circulan carreteras en malas condiciones, rotas por los hoyos que se abren entre el pavimento, son otras de las afectaciones que, narran, han enfrentado, lo cual ya había generado conatos de fuga, al intentar contener reos acusados de delitos graves, mientras buscaban reparar una falla al motor o revisaban los daños a una llanta.

Para los elementos, una escena que evidencia el nivel de vulnerabilidad y falta de atención a las condiciones en las que se realiza una labor de riesgo, es que han tenido que trasladar a personas procesadas, sin importar el nivel de peligrosidad, a pie hasta los juzgados, cuando los vehículos les han fallado.

Así, han caminado sin ningún tipo de custodia con detenidos por delitos como secuestro, o presuntamente asociados con delincuencia organizada, quienes, reconocen, les han dicho que pertenecen a algún grupo. En algunos casos, añaden, han pedido vehículos prestados o solicitado un servicio particular para completar el traslado. 

La policía procesal se siente en el limbo: por un lado, denuncian que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no los protege, y creen ser “chivos expiatorios” en el último caso de fuga de reos. Sólo la mitad cuenta con armas; no todos tienen bastón ni gas, tampoco botas de buena calidad, cuando deben pasar hasta cinco o seis horas de pie durante la custodia.     

Cuando V.E.G.B. y F.A.M. fueron vinculados a proceso, afuera de los Juzgados de Oralidad en Mixquiahuala hubo una manifestación con mensajes dirigidos a las autoridades: “No a la criminalización policial”, “sin patrulla oficial hacían su trabajo y fueron detenidos”, “por hacer su trabajo sin herramientas necesarias están en prisión” y “gobierno del estado no desampares a tus elementos” fueron algunos de los mensajes.

Por la evasión de los reos, no hay más personas imputadas en la cadena de mando. El tema se reduce a las posibles omisiones de los dos elementos que hacían el traslado. 

¿Cómo escaparon los reos?

El gobierno de Hidalgo no ha proporcionado información precisa sobre lo que sucedió el 5 de noviembre. Una versión interna sugiere que dos sujetos armados interceptaron el vehículo y ayudaron a escapar a dos de los tres presos: Luis Fernando Ugalde Pérez, de 46 años y Juan Pablo Sánchez Mendoza, de 27. Ellos viajaban junto con Juan Carlos M. F., los tres acusados de probable responsabilidad en un plagio ocurrido el 27 de febrero.

La misma versión sugiere que uno fue recapturado, mientras que el otro huyó con los cómplices, que abandonaron el automóvil Nissan Tsuru blanco en el que viajaban más adelante. 

Otra versión señala que no hubo recaptura, que los dos reos siguen prófugos y que lo que las autoridades de seguridad notificaron como recaptura corresponde al tercer reo, Juan Carlos M. F., quien en realidad tomó la decisión de no huir. En ningún caso, el gobierno ha clarificado lo que sucedió.