PUEBLA, Pue., (apro).- Al precisar que la muerte de Luis Ángel Hernández Morales derivó de un traumatismo craneoencefálico, el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, informó que hasta ahora no se ha esclarecido si el fallecimiento del estudiante de 22 años de edad ocurrió por accidente o fue un asesinato.

En rueda de prensa, el fiscal indicó que aún se recopila información sobre la trayectoria que siguió el joven la tarde del 17 de octubre, cuando salió del bar “Una y ya”, pues hasta ahora no se tiene claro qué fue lo que originó que apareciera muerto nueve días después en las aguas del río Atoyac.

Según lo que se ha podido esclarecer hasta hoy, indicó, es que el joven, al ser sacado del bar, ubicado en la avenida Juárez de esta ciudad, por un guardia de seguridad, el estudiante de la Universidad Politécnica Metropolitana caminó dos cuadras y después abordó un carro, pero aún no se tiene suficiente información sobre la trayectoria que siguió, por lo que aún es un misterio cómo acabó muerto.

Luis Ángel acudió al bar “Una y ya” la tarde del 17 de octubre con un grupo de compañeros de su escuela, pero luego de que se levantó para ir al baño, alrededor de las 18 horas, fue sacado del lugar escoltado por un guardia de seguridad del establecimiento, sin que se tenga claro la causa.

Después de eso, no se supo más de él, por lo cual sus familiares y amigos lo reportaron como desaparecido y organizaron una marcha para exigir a las autoridades que agilizaran su búsqueda.

Nueve días después de su desaparición, el cuerpo del joven apareció, en estado de putrefacción, flotando en las aguas del río Atoyac.

Sin denuncias por extorsión en Cholula

Elba Rocha Patiño, titular de la Fiscalía Regional, informó que no recibieron ninguna denuncia por extorsión por parte de comerciantes y propietarios de la plaza comercial Floresta, ubicada en San Andrés Cholula, la cual fue vandalizada e incendiada la madrugada del lunes 28 de octubre por supuesto cobro de “derecho de piso”.

Aunque en el lugar fue colocada una manta en la que se advertía al propietario del centro comercial que el incendio de los locales se debía a que no había pagado, Rocha Patiño señaló que ese mensaje no le fue entregado al ministerio público por parte de los primeros respondientes que fue la policía municipal de San Andrés.

Indicó que, por este caso, sólo se presentó una denuncia penal por parte de uno de los comerciantes en cuanto a los daños materiales y pérdida de mercancía que sufrió por el incendio, pero ninguno de los empresarios denunció ser víctima de extorsión o cobro de piso.