OAXACA, Oax. (apro).- A 15 días de un nuevo derrame de la presa de jales secos de la compañía minera Cuzcatlán, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Mining, antes Fortuna Silver Mines, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) no ha entregado ninguna información oficial a las autoridades municipales que denunciaron la contaminación del arroyo “El Coyote”.

Las autoridades municipales y agrarias que integran el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” denunciaron que la Profepa incurrió en actos de negligencia ante contaminación de la empresa minera Cuzcatlán en Valles Centrales de Oaxaca.

Mientras el arroyo “El Coyote”, ubicado en Magdalena Ocotlán, presenta una coloración anormal en su cauce, por lo que se exige una atención inmediata por parte de las dependencias responsables.

Recordaron que los días 24 y 25 de septiembre las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán y San Matías Chilazoa realizaron recorridos en las inmediaciones del proyecto minero “San José”, esto debido a las denuncias públicas que hicieron ciudadanas y ciudadanos sobre un nuevo derrame de la presa de jales secos de la compañía minera Cuzcatlán.

Ante estos hechos, las autoridades constataron y documentaron la presencia de sedimentos de color blanquecino con espuma anormal, lo cual cambió la composición del agua de dicho arroyo.

Posteriormente, el día 26 de septiembre de 2024, las autoridades presentaron una denuncia ante Profepa, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sin embargo, en lugar de presentarse y recabar información de primera mano con las autoridades demandantes, la Profepa difundió un comunicado, el día 30 de septiembre, en el que informa que inspectores federales acudieron a la mina “San José” para verificar la operación normal del depósito de jales secos “con lo que se demostró la inexistencia de un supuesto derrame o liberación de residuos de jales mineros sobre el cauce del Arroyo “El Coyote”.

El comunicado difundido por la Profepa carece de una investigación exhaustiva sobre la contaminación del arroyo El Coyote que contribuye para el pozo de agua potable de las comunidades afectadas y constituye una acción completamente irresponsable de dicha dependencia con el medio ambiente y la salud de las comunidades zapotecas que habitamos en esta región.

Consideran que “lejos de respetar, proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía, la Profepa favorece los intereses privados de Compañía Minera Cuzcatlán, ya que, en ningún momento se acercó a las comunidades afectadas y a sus respectivas autoridades municipales y agrarias.

“Las autoridades municipales no hemos realizado ninguna alerta innecesaria (como dice Profepa en su comunicado), tampoco somos organizaciones externas: somos autoridades constitucionales reconocidas por el Estado mexicano”.

Le aclararon que “las autoridades contamos con información de primera mano sobre la situación de nuestro territorio, motivo por el cual solicitamos la realización de estudios en el cauce del río para deslindar responsabilidades”.

Cabe destacar que no es la primera vez que una instancia federal tiene resolutivos a favor del proyecto minero sin contar con información técnica y científica sobre la situación real de su territorio, ya que, en 2018, su arroyo fue contaminado por primera ocasión, sin ninguna sanción ejemplar a la empresa minera, por el contrario, Semarnat decidió otorgar 10 años más de operación a minera Cuzcatlán en 2021.

Es por ello que las autoriades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Cerro de las Huertas, Coatecas Altas, San Dionisio Ocotepec, San Nicolás Yaxe, El Llano Sitio Santiago, exigen una investigación expedita y exhaustiva en el río El Coyote y sanciones para la empresa minera Cuzcatlán, responsable (por segunda ocasión) del derrame de la presa de jales secos.

A la Semarnat le exigen la revocación de los permisos ambientales y cancelación inmediata del proyecto minero, por no ajustarse a los ordenamientos ambientales vigentes.

Y al Juzgado Primero de Distrito solicitaron integrar en el expediente la presente denuncia y respetar la determinación de las comunidades afectadas: Cancelación de las concesiones mineras en Valles Centrales de Oaxaca y sancionar a la empresa minera por desacatar el mandato judicial.

Finalmente, denunciaron ante la opinión pública la situación provocada por el proyecto minero “San José” el cual opera en Valles Centrales con impunidad y sin respetar la decisión de las comunidades afectadas por el proyecto minero.