SALTILLO, Coah.- Desde el inicio de la administración de Manolo Jiménez Salinas como gobernador de Coahuila autoridades federales y estatales han desatado una cacería contra migrantes y contra quienes los atienden en distintos albergues, afirmó la coordinadora del Centro de Día “Jesús Torres” en Torreón, María Concepción Martínez Rodríguez.

La responsable del albergue señaló que este martes 23 el lugar fue vigilado por efectivos de la Policía Estatal de Coahuila, así como del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, que detuvieron una unidad que transportaba a 42 migrantes hacia las afueras de la ciudad, en un camión de una persona que apoya el servicio humanitario. En los hechos participaron más de 30 elementos a bordo de 10 patrullas de la corporación estatal.

“No sabemos a dónde se los llevaron o si los van a deportar. Ellos traían sus documentos porque nosotros aquí les imprimimos la solicitud de la aplicación CBP para entrevistarse con autoridades norteamericanas. Pedimos que no empiece esta cacería contra los defensores de este centro, como lo están haciendo desde diciembre contra los migrantes”, dijo.

Ante el intento de Martínez Rodríguez de impedir la detención de los migrantes y del operador del camión, a quien también arrestaron las autoridades, los policías estatales la amenazaron con detenerla para vincularla a proceso por el delito de tráfico de personas.

El albergue cuenta con medidas cautelares del Mecanismo Federal de Protección que establece que ninguna autoridad puede acercarse al lugar a menos de 50 metros, pero los patrullajes que se hicieron este martes 23 violaron la disposición.

La celada

“Desde muy temprano vimos rondar a las corporaciones y esto quiere decir que se trata de la cacería que están haciendo contra los migrantes, como lo hicieron con los que estaban en los patios de Ferromex, y que ya se trasladó también hacia las organizaciones que estamos dando un servicio humanitario y asistencial a las personas que llegan a la ciudad”, explicó.

De los hechos se informó a las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos, debido a que se desconoce el destino del operador y de los migrantes, entre los que se encontraban cuatro menores de edad y cinco mujeres, además de algunos integrantes de la comunidad lésbico gay.

También el sacerdote Samuel Lozano, director del albergue, trató de impedir la detención de los migrantes, pero los policías estatales le advirtieron que estaba obstruyendo la acción de la autoridad y cometiendo un delito.

“Como defensores de derechos humanos sabemos cuáles son nuestras obligaciones y el único ‘delito’ es el apoyo humanitario que se le brinda a los migrantes. Yo no sé en qué va a parar todo esto, porque hay muchos migrantes que se resguardan en otros lugares por temor a este tipo de acciones de la autoridad”, agregó la coordinadora.

Indicó que las autoridades deben cesar esas acciones sobre todo porque los migrantes no pretenden quedarse en México y ni siquiera pedir asilo o refugio, porque tienen miedo.

Agregó que es la sociedad la que está atendiendo a la población que llega con la única intención de tramitar su ingreso a los Estados Unidos, y detalló que la persecución policiaca ha propiciado cerca de 25 quejas por violaciones a los derechos de esta población en Torreón.

“Lo único que pedimos es protección para seguir trabajando como defensores de derechos humanos, pero también protección de los derechos de los migrantes, porque la autoridad dice que son ilegales cuando sólo es una falta administrativa la que cometen por no traer sus documentos en orden”, agregó.

A pesar del incidente, dijo que seguirán trabajando pese a que desde diciembre se intensificó la cacería de migrantes y protectores de derechos migrantes.