TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis; (apro).- Derivado de las acciones de narcoviolencia e inseguridad que vive la región de la Sierra Madre de Chiapas y la región Fronteriza, este lunes miles de niños y niñas no fueron a clases, luego de que los maestros y maestros no pudieron movilizarse a sus centros de trabajo y sus comunidades, hasta que no haya garantías de seguridad para ellos.

Por ejemplo, Celerino Nolasco Alvarado, supervisor de la Zona Escolar 025, hizo pública una misiva en la que pidió a todos los docentes no presentarse en sus centros de trabajo para resguardar la seguridad de ellos y sus alumnos. 

“Ante la negligencia y ausentismo de las autoridades competentes para hacerle frente a los actos delictivos cometidos por grupos criminales en la región de la Sierra Madre de Chiapas, de los cuales todos estamos conscientes y sin tener o ver hasta ahora una pronta solución ante el pánico y la incertidumbre provocado a la sociedad, determinamos suspender temporalmente las actividades laborales docentes en todas las escuelas de la zona escolar 025, ubicada en la Sierra Madre de Chiapas, perteneciente a la región Frontera-Sur”, dijo en su misiva oficial.

Esto, agregó, “para no exponer la integridad física tanto del personal docente, alumnos y padres de familia, hasta que la normalidad y seguridad retorne a nuestra supervivencia”.

Por su parte, el Comité Ejecutivo de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 se pronunció en contra de la situación que prevalece en esa región de las regiones Sierra y la Frontera.

Dijo que el estado de Chiapas se encuentra actualmente en focos rojos por los actos violentos que se desarrollan entre grupos de poder político y económico en las regiones de la Sierra Madre de Chiapas y Comalapa.

Armando Falconi, uno de los líderes de este comité, dijo que se han realizado innumerables denuncias a través de las redes sociales por los habitantes de la región, mientras los ejecutivos federal y estatal hacen caso omiso ante tal situación o de forma absurda tratan de ocultar la realidad con discursos de paz.

“Es inadmisible que minimicen los problemas que recaen en los trabajadores del campo y la ciudad, la incertidumbre que genera tal inseguridad es latente y recae en el pueblo, pues es quien la padece”, indicó.

Y que aun con la presencia de la Guardia Nacional y la existencia de cuarteles militares a escasos kilómetros, “estos no acuden a los llamados de auxilio que expresan los pobladores, y por lo tanto se ratifica la tesis de que los cuerpos castrenses sirven a quienes detentan el poder y de ninguna manera sirven para cuidar al pueblo”.

Maestros de la Región Costa Grande, de la Organización V de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifestaron su preocupación “por la incesante violencia en los poblados de la región Sierra Madre y Frontera Sur, en especial a todos los que trabajan en las distintas comunidades del Ejido Belisario Domínguez, pertenecientes a nuestra región Costa Grande”.

Denunciaron “el abandono del gobierno federal y estatal a los habitantes de los municipios en estado de excepción de facto”, y dijeron que les preocupa “la omisión cómplice de los crímenes y violación a derechos humanos”.

Condenaron el levantón, desaparición y luego ejecución que sufrió la maestra Berni Flor Mejía Velázquez, quien fue sacada de su centro de trabajo escolar de forma violenta por grupos criminales.

“Este hecho causó pánico y psicosis colectiva, toda vez que se observan la imperante impunidad con que operan grupos delincuenciales, y ante la evidente ausencia de autoridad, solo se esperan más actos fatales por ajustes de cuentas, propios de un estado fallido”, dijeron los docentes de la Coordinadora Regional y Secretaría de Organización V, de la Región Costa Grande de la Sección VII del SNTE-CNTE.

Los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Siltepec, Chicomuselo, Motozintla, El Porvenir, Bella Vista, La Grandeza, Honduras de la Sierra, viven una situación de crisis derivado de grupos criminales que se disputan el control de ese territorio, donde la población ha quedado como rehén de ambos bandos.

La presencia de la Guardia Nacional y el Ejército Méxicano en sus cuarteles, destacamentos y puntos de estancia, de nada ha servido para reducir la violencia que viven sus pobladores desde hace más de dos años.