TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La red de organizaciones civiles de la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género México-Guatemala, denunciaron “la violencia sistemática que sigue escalando bajo la impunidad con la que opera la delincuencia organizada de la región, con aquiescencia de los gobiernos municipal, estatal y federal”.

Señalaron que los más recientes acontecimientos de violencia en la región de la Frontera y la Sierra de Chiapas, “no hace más que mantener vigente la agudeza de la violencia en la región, así como la responsabilidad del gobierno federal y el de Chiapas en ser omiso en presentar rutas de atención duradera a las problemáticas”.

La Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG) está conformada por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) y la Red Mesoamericana de Educación Popular, Red Alforja.

La red de ONG indicó que a más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa, aún no existe un plan integral de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil de esa, y otras comunidades de la región.

Recordó que desde el 7 de julio de 2021, después del asesinato en la capital del estado de una persona vinculada a uno de los grupos criminales, iniciaron los enfrentamientos en diversas regiones.

Asimismo, denunció que las amenazas, extorsiones, secuestros, la desaparición de líderes y autoridades comunitarias, la cooptación e integración forzada de diversas organizaciones sociales, campesinas, de transportistas y comerciantes, se han convertido en constantes y cotidianas.

El enfrentamiento en la comunidad de Lajerío entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada, fue equiparable a una “guerra”: detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos “monstruos” blindados, subrayó la organización.

Dicho enfrentamiento inició la mañana del 23 de mayo, después de la desaparición de autoridades ejidales un día antes, duró alrededor de cuatro días sin intervención alguna del Estado, y fue hasta el 30 de mayo que hubo presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en la zona.

Estos hechos provocaron que alrededor de tres mil 500 personas se desplazaran forzadamente de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, su seguridad e integridad personal. En este contexto también ocurrió la muerte de un adolescente de 14 años por una bala perdida que entró por el techo de lámina de su domicilio.

Además, la interrupción de la vida cotidiana de la población con el cierre intermitente de escuelas, comercios y de los servicios de salud y de transporte ha implicado daños al patrimonio y medios de vida de las familias, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria e impactando profundamente en la salud física y mental de las personas, que viven en constante temor de nuevas agresiones.

Precisaron que después de los enfrentamientos, los grupos criminales limpiaron evidencias y levantaron casquillos, armas y cuerpos de personas heridas y sin vida. Hasta después de estos sucesos, alrededor de mil 500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal llegaron al territorio.

Desde la llegada de las Fuerzas Armadas al lugar, señalaron, no existe certeza de su función ante el contexto.

“Hasta la fecha, no hay ninguna persona detenida; su presencia tampoco ha implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, pues las extorsiones y las amenazas continúan”, dijeron las organizaciones civiles.

La población advierte de posibles enfrentamientos; además, se tienen noticias de que varias de las familias desplazadas fueron presionadas a regresar a sus hogares, aun cuando no existían las condiciones de seguridad para su retorno. “Este alto grado de incertidumbre genera miedo, preocupación e inseguridad, lo que implica una constante revictimización de la población.

“Nos preocupan de manera particular las afectaciones que la violencia está provocando en los medios de vida de la población y en el ciclo campesino en la región, así como la obstaculización constante del comercio y transporte de productos básicos, lo que pone en riesgo el derecho a la alimentación a corto y mediano plazo, agudizando la violencia económica, lo que se suma a las causas estructurales de desplazamiento forzado de la población”, mencionaron.

Demandaron “el cese de la estigmatización y criminalización de la población que se encuentra en medio de la violencia en condiciones de sobrevivencia, reconociéndoles su estatus de víctimas”.

También “una ruta y estrategia integral urgente hacia la pacificación real y sostenida de estos territorios, que garantice la seguridad y el bienestar de la población a corto, mediano y largo plazo”.

Y que desde los tres niveles de gobierno se activen mecanismos de ayuda humanitaria para atender las necesidades alimentarias, sanitarias y de salud mental de las personas afectadas que han sufrido daños y/o pérdidas de sus medios de vida.

“Que los gobiernos federal y estatal impulsen procesos para reconstruir el tejido social, en lógica de paz, reconciliación y diálogo, para proteger a las comunidades que están resistiendo a la violencia de la delincuencia organizada en sus territorios, tanto en el municipio de Frontera Comalapa, como en los demás municipios que sufren esta misma realidad en el estado de Chiapas”, dice la carta.