OAXACA, Oax. (apro).– La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la recomendación 02/2023 al gobierno del estado para que ofrezca una disculpa pública a los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez, toda vez que colaboradores del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa actuaron como “delincuencia organizada” para robarles identidad y despojarlos de sus propiedades.

La Defensoría precisó que, una vez que se examinaron los hechos y evidencias en el expediente DDHPO/0835/(01)/OAX/2021, iniciado con motivo de la queja presentada por los hermanos Gómez Conzatti y Martínez, así como la señora Martínez Ramírez, y después de una investigación exhaustiva, se acreditaron violaciones a sus derechos humanos, relativos al derecho a la identidad, a la propiedad y a la buena administración.

En ese sentido, es indispensable que, a través de los procedimientos legales conducentes, la Dirección del Registro Civil, el Instituto Catastral y el Instituto de la Función Registral implementen los mecanismos necesarios, a efecto de que se restablezcan las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse las violaciones a derechos humanos documentadas y acreditadas en la recomendación.

La recomendación va dirigida a la Consejería Jurídica del gobierno de Oaxaca, a la que le corresponde conocer de la actuación de la Dirección General del Registro Civil de Oaxaca y de la Dirección General del Instituto de la Función Registral para el Estado de Oaxaca.

Y a la Secretaría de Finanzas, quien coordina la función de la Dirección General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca.

El 25 de mayo del 2021, los hermanos Conzatti presentaron su queja porque en septiembre del 2020 realizaron una consulta en la página web de la Dirección del Registro Civil y notaron que sus registros de nacimiento habían desaparecido, y en su lugar se encontraban tres registros a nombre de personas distintas.

Además, al revisar la información de sus propiedades, se percataron que el Instituto de la Función Registral ocultó los registros, y al realizar una consulta en el sistema del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, advirtieron que los registros catastrales correspondientes a los inmuebles de su propiedad ubicados en el centro de esta ciudad mostraban un movimiento descrito como compraventa, el cual se realizó en el año 2021.

Los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez denunciaron que desde el gobierno del priista Alejandro Murat se enfrentaron a una red de “delincuencia organizada”.

Denunciaron que desde el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y Catastro de Oaxaca maquinaron el despojo, el robo de identidad (al desaparecer sus actas de nacimiento en el Registro Civil de Oaxaca) y la desaparición de expedientes de los dos inmuebles en el Instituto Catastral del Estado.

Entre los excolaboradores de Murat que están involucrados en lo que se ha llamado el “cártel del despojo” se encuentran:

• Christian Hernández Fuentes, titular del Registro Civil del Estado de Oaxaca durante el periodo de materialización del robo de identidad (2018-2020).
• Carlos Cruz Benítez y Omar Hernández Medecigo, encargados del despacho del Departamento del Archivo Central del Registro Civil del Estado de Oaxaca (2017-2020).
• Juan Gabriel Rodríguez Matus, jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil, primer oficial del Centro del Registro Civil del Distrito del Centro (2017-2019), segundo oficial del Centro Registro Civil (2017-2019), y oficial de Tlacolula del Registro Civil del Estado de Oaxaca (2017-2019).
• Jorge A. Zárate Medina, director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca.
• José Antonio Lara Rodríguez, jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral.
• Gilberto Gamboa Escobar, director del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca.
• José Octavio Tinajero Zenil, entonces consejero jurídico del Estado de Oaxaca.

En su recomendación, la Defensoría pide investigar la probable responsabilidad en que hubieren incurrido servidores públicos involucrados en los hechos materia de la recomendación a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente.

Y solicita se realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado y una disculpa pública a quienes sufrieron menoscabo en sus derechos fundamentales.

Finalmente, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca indica que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación deberá ser informada al organismo en los 15 días hábiles siguientes a su notificación.