COLIMA, Col. (apro).- Tras el asesinato de otra mujer trans, ocurrido el jueves 1 en esta ciudad, ascendió a cinco el número de víctimas de este sector en lo que va del presente año en la entidad, mientras que una más se encuentra desaparecida en el municipio de Tecomán, señaló el activista Marco Antonio Pérez Gaspar, exconsejero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC).

Advirtió que durante los primeros cinco meses de 2023 se agudizó la violencia contra la comunidad trans de Colima, pues en este periodo ya se igualó la cantidad de cinco transfeminicidios ocurridos a lo largo de 2022.

La tarde de ayer, frente a la terminal suburbana de Los Rojos de esta capital, ubicada sobre el boulevard Rodolfo Chávez Carrillo, fueron asesinadas a balazos dos mujeres, una de ellas trans conocida como La China, quien residía en la colonia El Tívoli.

Una de las víctimas murió de manera instantánea en el lugar del ataque, mientras que la otra dejó de existir cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja.

Así también, el pasado 17 de mayo, Día estatal contra la homofobia, en las inmediaciones del canal del Alpuyequito fue encontrado el cuerpo de Natasha, mujer trans que se encontraba desaparecida desde un mes antes, en tanto que el 31 de marzo anterior se registró otro asesinato en una vivienda de la colonia Gustavo Vázquez Montes, al sur de la ciudad de Colima.

Otras dos mujeres trans fueron ultimadas en el municipio de Tecomán, una de ellas conocida como Joseline, quien fue atacada cuando viajaba por la calle Lázaro Cárdenas en su motocicleta y el otro caso también ocurrió en la cabecera municipal.

En esa misma ciudad, la madrugada del pasado 23 de abril desapareció Giovana al salir de una discoteca y hasta la fecha sus familiares ignoran su paradero.

Marco Antonio Pérez comentó que varias de las víctimas se dedicaban al trabajo sexual, ante la precariedad laboral, el rechazo y la falta de oportunidades que enfrentan quienes integran este sector de la sociedad.

“Lamentablemente no hay políticas públicas por parte de las instituciones gubernamentales para proteger a las mujeres trans ante el recrudecimiento de la violencia, sobre todo en estos meses contra la homofobia y del orgullo gay”, comentó el activista.

Consideró que el gobierno estatal tendría que empezar a trabajar en la instrumentación de programas encaminados a atender la situación del sector trans, tanto en el aspecto laboral como el de la seguridad social, pues se trata del grupo más vulnerable de la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transgénero (LGBT+).

Pérez Gaspar indicó que tan sólo el año el año pasado dos mujeres trans colimenses se unieron a los grupos de migrantes en la frontera norte que solicitaban asilo en Estados Unidos por razones de discriminación e inseguridad para su integridad personal.

Manifestó que en las instancias gubernamentales aún existe resistencia a trabajar en políticas públicas a favor de ese sector, pues por ejemplo sólo cuatro ayuntamientos han establecido la gratuidad de los trámites de cambio de acta de nacimiento por identidad de género: Manzanillo, que fue el primero, así como Colima, Villa de Álvarez y Comala.

“Esto habla de que falta sensibilidad y empatía por parte de los cabildos para que eso se haga, a pesar de que hay un exhorto del Congreso del Estado realizado el 13 de febrero anterior, pero no todos lo han atendido”, expuso.