OAXACA, Oax. (apro).- La autoridad municipal de San Juan Colorado encarceló a una mujer trans durante seis días, donde la obligaron a cortarse el cabello y vestirse “como hombre”, razón por la que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) interpuso una queja por actos de discriminación y transfobia.

El ombudsman Bernardo Rodríguez Alamilla condenó los hechos e inició una investigación por actos que afectan no solo a la persona agraviada, sino a toda la comunidad de la diversidad sexual.

Y agregó que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició, entre 2015 y hasta el 26 de abril de 2022, 34 indagatorias por diversos actos de discriminación hacia personas de la comunidad LGBTTTIQ+.

Respecto al reciente caso, detalló que la Defensoría recibió la solicitud de intervención luego que una mujer trans se encontrara detenida en la cárcel municipal de San Juan Colorado ubicada en la región de la Costa.

Por lo tanto, se inició el expediente DDHPO/1016/(11)/OAX/2022 donde pidió a las autoridades de San Juan Colorado un informe de los hechos, además de brindar acompañamiento a la persona agraviada.

El organismo defensor explicó que la transfobia implica acciones discriminatorias como el acoso, malos tratos, detenciones arbitrarias, hasta la comisión de delitos entre los que se encuentran la tortura y los crímenes de odio.

Entre las autoridades más señaladas ante la Defensoría se encuentran los municipios, por ello, la DDHPO señaló que resulta urgente la implementación de políticas públicas y acciones tendientes a que las autoridades incorporen en su actuación la perspectiva de derechos humanos, apegados a los Principios de Yogyakarta, los cuales se ocupan de una amplia gama de normas de derechos humanos y de su aplicación a las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género, así como el respeto a las personas de la diversidad sexual, como medida para erradicar los actos discriminatorios y los abusos de autoridad.

La discriminación y la transfobia vulneran e impiden que las personas trans y de la diversidad sexual puedan tener un acceso sustantivo y efectivo a sus derechos humanos, pues las barreras sociales y culturales discriminatorias que enfrentan producen desigualdad, lo que provoca su marginación y rezago.

Por ello, la Defensoría insistió en la urgencia de construir una sociedad tolerante en la que se acepte la diversidad y se reconozcan los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual o identidad de género, una sociedad en la que las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ puedan vivir en condiciones de igualdad y sin discriminación.