CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No queremos más esquelas, no queremos una caja para sepultar a los colegas, ni discursos de condenas, no queremos una ley que sea un fideicomiso, queremos hechos concretos que protejan la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos en Oaxaca”, coincidieron los periodistas Pedro Matías Arrazola y Antonio Mundaca al sumarse a la iniciativa ciudadana que se presentó en agosto de 2022.

En caso de que el gobernador Salomón Jara Cruz y el Congreso de Oaxaca rechacen la iniciativa ciudadana “Hacia un nuevo sistema de protección a personas defensoras y periodistas”, estarán mandando un mal mensaje de impunidad y sepultando dos derechos que son fundamentales en una democracia.

Tan solo del año 2018 a la fecha, se han integrado 184 carpetas de investigación por agresiones a periodistas, de las cuales más del 98 por ciento siguen en la impunidad. En el caso de defensores, Oaxaca ocupa al igual que en el 2021 y aparece como la entidad con el primer lugar en número de agresiones (34), elevando la cifra con relación al año anterior en que ocurrieron 24.

Como resultado del conversatorio entre la sociedad civil y periodistas sobre esta iniciativa ciudadana, respaldada por 38 organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña y a la que ahora se suman integrantes del gremio periodístico, es punitiva porque incluye sanciones penales contra servidores públicos perpetradores, cómplices u omisos, así como la revocación de mandato si se encuentra en cargos de elección popular.

Esta iniciativa busca adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, el Código Penal, la Ley Orgánica Municipal y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

En el encuentro que se realizó este miércoles 19 de abril en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), los participantes acordaron impulsar esta iniciativa ciudadana que protege la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos a través de un frente común.

Además, coincidieron en la necesidad de concretar un espacio común para seguir difundiendo el escenario de agresiones y criminalización de personas defensoras y periodistas e impulsar un foro amplio de discusión y denuncia en la materia.

La integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, recordó que, en agosto del año pasado, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil entregaron al Congreso del Estado una iniciativa de reformas a cinco ordenamientos jurídicos locales, dirigidas a garantizar y proteger la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en Oaxaca.

Sin embargo, es la fecha que no hay avances, únicamente han informado que fue turnada a por lo menos cuatro comisiones para su análisis.

A su vez, Marcos Leyva Madrid, director EDUCA, explicó que esta iniciativa propone incrementar sanciones penales y administrativas en contra del funcionariado estatal y municipal que impida u obstaculice la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos, con el fin de desalentar esas conductas.

Ante un escenario de agresiones, violencia e impunidad en Oaxaca, la sociedad civil organizada y periodistas acordaron impulsar la Iniciativa Ciudadana que propone incrementar sanciones penales y administrativas en contra servidores públicos.

La propuesta incluye también disposiciones para reforzar y garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, así como fortalecer el papel de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para garantizar la protección de quienes enfrentan ataques por su labor.

Las organizaciones hicieron hincapié en la necesidad de las reformas ante el aumento en la frecuencia y el nivel de violencia de los ataques contra periodistas y personas defensoras en el estado, que han implicado asesinatos, allanamientos, amenazas y otros agravios, principalmente de servidores públicos. 

En sus intervenciones, representantes de organizaciones y periodistas coincidieron en la existencia de un escenario de impunidad en el marco de los primeros meses de la nueva administración de Salomón Jara Cruz y la estrategia del Estado de dividir las diversas expresiones de oposición y solapar la impunidad.

Las organizaciones reafirmaron la urgencia y necesidad de transitar de estas reformas que puedan hacer frente a la grave realidad que vive Oaxaca, confiando en el compromiso de la 65 Legislatura en la materia.

Cabe destacar que esta iniciativa de reformas legales es respaldada por el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) del gobierno federal, Enrique Irazoque Palazuelos, y por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).