GUANAJUATO, Gto., (apro).- El gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo admitió que los recientes secuestros y rescates de decenas de migrantes de origen centro y sudamericano en San Luis Potosí reveló una red de tráfico de personas y la operación de grupos criminales que deben investigarse, y dijo que el presidente municipal de San Felipe, Eduardo Maldonado, debe aportar información a la Fiscalía general del estado por este caso, ante las contradicciones detectadas en la información que hizo pública sobre el caso.

 “Sin duda, el tráfico de personas es el delito que se estaría cometiendo”, señaló.

Rodríguez Vallejo dijo que se tomarán medidas y se reforzará la vigilancia para detectar e impedir la salida o circulación de transportes que pudieran estar trasladando a migrantes del sur del continente desde el territorio guanajuatense.

En entrevista en León, el panista Rodríguez Vallejo mencionó que hay tres carpetas de investigación iniciadas a raíz de la presunta desaparición de 23 personas originarias de San Felipe, municipio del Noreste de Guanajuato, en la carretera 57 a la altura de Matehuala, tras la denuncia de los propietarios de la empresa de transporte contratada para trasladarlos desde este municipio hasta Saltillo, según la primera información que dieron los dueños de dicha empresa.

Las indagatorias corren a cargo de las fiscalías de Guanajuato, de San Luis Potosí y la General de la República.

Desde la denuncia por la presunta desaparición de los sanfelipenses, el 4 de abril, el alcalde Maldonado sostuvo que las supuestas víctimas eran originarias de dos comunidades sanfelipenses, que solo habían sufrido un asalto y que ya se encontraban en Saltillo a salvo.

Maldonado es alcalde emanado del Partido Verde Ecologista de México, mismo partido del gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona.

Pero a raíz de la búsqueda, en la que participaron corporaciones de San Luis Potosí, fuerzas federales y personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guanajuato en helicópteros, en distintos puntos de la zona carretera entre Matehuala y Arroyo fueron rescatados decenas de personas, que resultaron no ser guanajuatenses, sino en su gran mayoría personas de origen centro y sudamericanos en movilidad por el territorio mexicano para llegar a la frontera norte e ingresar a Estados Unidos.

“Desde el inicio la información fue muy confusa, íbamos a las comunidades y no había familiares, los choferes sí estaba identificados, pero no teníamos nombres de las víctimas” de San Felipe, explicó el gobernador de Guanajuato.

A esto se sumó que, en una primera acción, las autoridades de San Luis salieron a anunciar que los habían rescatado, cuando en realidad localizaron a un grupo de trabajadores de Ciudad de México que fueron asaltados.

“La segunda versión es que no eran turistas, sino trabajadores de una empresa, pero sin darnos los nombres. Decidimos enviar los helicópteros, y fue al día siguiente que los helicópteros localizaron a estas personas” y se hicieron varios operativos por tierra en los que incluso “hubo varios enfrentamientos y persecuciones”, dijo Rodríguez Vallejo.

También narró que, al solicitar información al alcalde de San Felipe, éste no proporcionó nombres, por lo que personal del gobierno del estado y de la propia fiscalía se trasladó a las comunidades de donde supuestamente eran originarias (La Quemada y El Cubito).

“Nadie les faltaba, nadie los conocía, nadie sabía nada. Le pedimos los nombres, pero no nos los dio, que porque tenían miedo. Para nosotros nuestra prioridad era encontrar a los guanajuatenses. Ahora entendemos por qué, había un ocultamiento porque se trataba del tráfico de personas al final del día”, añadió.

Es por ello que el presidente municipal debe aportar datos a la investigación. “Hoy iban a citar a declarar al propietario de la empresa”, dijo.

El panista también precisó que se otorgó apoyo a la familia para el traslado y sepultura en León de Joel Juárez Sánchez, uno de los dos choferes que desaparecieron junto con el grupo y la única víctima mortal, que presuntamente fue asesinado a golpes por los criminales que los retuvieron con intención de extorsionarlos o pedir rescate a las familias.

“Dependerá mucho de los propios migrantes, que los tiene el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Migración, (declarar) quién los contactó, cómo salieron”, planteó el gobernador de Guanajuato, quien calificó de increíble que en ese punto aledaño a Matehuala se tuviera a cerca de cien personas en esa situación de privación ilegal de la libertad y extorsión.

“Es una red muy grande; no quiere decir que todos salieron de Guanajuato, pero esta es la carretera, la ruta a Saltillo, Monterrey y de allí ya” a Estados Unidos.