TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La activista feminista de Defensoras Populares A. C., Teresa Ulloa Ziáurriz, denunció el jueves que la trata de mujeres, adolescentes y niñas en la frontera sur mexicana se multiplicó con el inicio del éxodo migratorio desde el 2019 a la fecha.  

Y que, en Chiapas, en “los delitos contra las mujeres y niñas existe una cifra negra de más del 80 por ciento” y “el nivel de impunidad es superior al 98 por ciento”.  

Al presentar el Informe 2019-2022 del Observatorio de Violencia Social y de Género en el Estado de Chiapas, Teresa Ulloa, con 53 años de activismo en defensa de los derechos de las mujeres, dijo que registraron muchos hallazgos en este proceso de documentación que cubrió gran parte de la pandemia, cuando se registró un incremento de la violencia en contra las mujeres.  

Dijo que, en Chiapas, no hay estadísticas que reflejen la situación del pago de la novia o matrimonio forzoso o infantil que se incluye en los usos y costumbres de las comunidades indígenas del estado. 

“Hay una mañosa clasificación de los delitos, sobre todo los que implican el asesinato de mujeres, ya que con el manejo que hace la Fiscalía se desdibuja la verdadera magnitud del feminicidio. En los delitos contra las mujeres y niñas existe una cifra negra de más del 80%. El nivel de impunidad es superior al 98%”, dijo la activista.  

Agregó que “esconder la realidad en estadísticas amañadas no permite el diseño de políticas universales y focalizadas para la prevención, protección, atención y persecución de los delitos contra las mujeres y las niñas”.  

La especialista en trata de personas dijo que, con el inicio del éxodo migratorio, con las caravanas que empezaron en octubre del 2018, empezó en esta frontera sur mexicana una ola en ascenso de la trata en los bares, cantinas y zonas de tolerancia, principalmente en ciudades como Tapachula.  

Expuso que uno de los estudios más recientes sobre la trata de personas que se tiene para México es el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó en 2019 con datos oficiales y de otras fuentes de información generadas desde las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

El periodo de análisis que comprende el estudio de la CNDH va del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2021, encontrándose, entre otros, los siguientes resultados: las procuradurías y fiscalías generales en todo el país identificaron a 5 mil 245 víctimas de los delitos de trata de personas, 85% de las cuales son niñas y mujeres, y 15% niños y hombres.  

Dijo que la mayoría de las víctimas identificadas (73%) son mayores de edad y 27% corresponde a niñas, niños y adolescentes, es decir, a población infantil menor de 18 años. 

Y que de cada 100 víctimas 84 son mexicanas, y de ellas 50% fueron identificadas en la misma entidad de origen, lo que corrobora la hipótesis de que la trata de personas en el país ha aumentado, sobre todo, el reclutamiento y la explotación locales, como reconoció la ONUDC en 2022. 

Las víctimas de origen extranjero representan 13% y provienen en su mayoría de Centro y Sudamérica. Alrededor de 70% de las víctimas de trata son atraídas con fines de explotación sexual y 17% para explotación laboral.   

Indicó la activista que, aunque la tarea prioritaria del Observatorio son las estadísticas, muchas mujeres acuden a ellas para pedirles apoyo con sus casos, lo que los ha forzado a contar con una abogada como Rebeca López Bautista, y a contar con el apoyo de la fiscal de la Mujer, Yasmín Sierra López, a quienes en el acto les dieron reconocimiento público a ambas.

Ulloa recomendó a las legisladoras presentes, funcionarias estatales y demás activistas presentes que es urgente hacer una revisión detallada para armonizar las leyes: General de Víctimas, de Delitos en Materia de Trata de Personas, y los delitos de Desaparición Forzada y por Particulares con las leyes estatales. 

Pero, sobre todo, hacer una revisión detallada de los mecanismos institucionales, como la Comisión Estatal de Víctimas, la Comisión Interinstitucional para Prevenir los Delitos en Materia de Trata de Personas y la Comisión Estatal de Búsqueda y sus presupuestos. 

En el acto estuvo presente Xóchitl Flores Archila, coordinadora operativa del Observatorio, la secretaria de la Igualdad de Género, María Mandiola, la presidenta del congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez, Candelaria Rodríguez, de la Alerta por Violencia de Género, y Alejandra Rovelo, de la Comisión de Atención a Víctimas, entre otras activistas.