OAXACA, Oax. (apro).- Mujeres indígenas, feministas, activistas y organizaciones de la sociedad civil condenaron que el gobierno del estado emanado de las filas de Morena solape y respalde a hombres abusadores y violentos mediante un pacto patriarcal del sistema de gobierno.

Al mismo tiempo exigieron al gobernador Salomón Jara Cruz la destitución inmediata de su coordinador de Delegados de Paz, Donato Vargas Jiménez, pues de lo contrario estará incumpliendo la última reforma de la Ley 3 de 3, lo que confirmaría que este gobierno morenista no será garante del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que tolerará que hombres integrantes de la administración pública estatal sean agresores de mujeres en el ámbito privado o público. 

Alrededor de 13 organizaciones, entre ellas el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, Encuentro para el Camino y Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México también demandaron a la Fiscalía General de Oaxaca que se actúe en el caso de la denuncia presentada por Martha Aracely Cruz en contra de Donato Vargas Jiménez.

Martha Aracely Cruz, indígena mixe, ha manifestado haber sufrido violencia física, sexual y emocional por parte del servidor público Vargas Jiménez.

Consideran que “su denuncia ha tomado una lentitud tal, que actualmente no ha contado con acceso a la justicia, debido a que este servidor sigue ejerciendo su poder desde el espacio público, solapado por la estructura del gobierno, por el partido MORENA y por un sistema de justicia no centrado en las víctimas”.

Además, abundaron, “varias compañeras han levantado la voz visibilizando que Donato Vargas Jiménez y sus compinches políticos son personas que no abonan a la cultura de paz y no violencia que tanto requiere nuestro estado, siendo ellos mismos agentes violentos y perpetradores de violencia en contra de las mujeres cercanas a su círculo social y político, pero también en contra de aquellas que han levantado la voz”.

Es lamentable que “las denuncias hayan sido tratadas como meros ‘problemas con tintes políticos’, y sí, no hay nada más político que la violencia en contra de las mujeres”.

Sin embargo, “vemos con suma preocupación la pasividad del gobierno estatal con su silencio y con tolerancia total a los actos misóginos de los servidores públicos como Donato Vargas Jiménez”.

Por lo tanto: “condenamos cualquier acto violento perpetrado en contra de las mujeres en la entidad oaxaqueña por cualquier hombre, pero, sobre todo, por hombres que ostentan cargos en la administración pública y/o cargos de elección popular”.

Las organizaciones conminaron al fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, a que se actúe en el caso de la denuncia presentada por Martha Aracely Cruz aplicando los valores jurídicos de igualdad, imparcialidad, seguridad jurídica, particularmente en la integración de la Carpeta de Investigación en contra del servidor público Donato Vargas Jiménez, así como a tener presente el derecho de la víctima a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial.

Finalmente, “responsabilizamos al Gobierno del Estado de Oaxaca de actos violentos que como represalias puedan ejercerse contra las compañeras denunciantes, así como en contra quienes en pleno ejercicio de la defensa de sus derechos hayan levantado su voz denunciando a servidores públicos estatales”, puntualiza el pronunciamiento suscrito por el Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Red Nacional de Abogadas Indígenas, la Red Mariposas de Mujeres Mixes y "Mujeres Lilas" Oaxaca.