CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El hallazgo del cuerpo sin vida del presunto autor material de las muertes de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como el como Pedro Eliodoro Palma y Paul Berrelleza, en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, “no es un acto de justicia”, sostuvo la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En su cuenta de Twitter, ONU-DH resaltó que el homicidio de José Noriel Portillo Gil alias “El Chueco”, quien fue localizado sin vida en la sierra de Choix, Sinaloa, “es una acción ilegal, no es un acto de justicia, que reafirma la necesidad de fortalecer las capacidades para prevenir la violencia e investigar debidamente a quienes la perpetran”.

La organización puntualizó que “ni en éste, ni en ningún otro caso, la muerte violenta de quienes son identificados como presuntos responsables de delitos o violaciones a los derechos humanos son la respuesta legítima a las demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas”.

La ONU-DH destacó que “continuará acompañando la implementación de las medidas cautelares de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en el caso de la comunidad jesita de Cerocahui y en los compromisos en la mesa de la instalación el pasado 16 de marzo”.

La mañana de este jueves, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que estaba confirmada la identidad de la persona muerta en Choix, Sinaloa, como el cuerpo de José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, y que se ratificaría a partir de estudios de ADN.

En la víspera, la Compañía de Jesús lamentó la muerte del presunto perpetrador de la muerte de los jesuitas y de las otras dos personas, y refirió que, de confirmarse la identidad de la persona aparecida sin vida, “de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la sierra Tarahumara”.

En un comunicado, la Compañía de Jesús insistió en que “la ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial”.