MONTERREY, N. L. (apro).– Diputados locales de las mayorías del PRI y PAN aclararon que el Congreso aún funciona con trabajo en comisiones, pese a la parálisis legislativa que ordenaron el miércoles, en protesta por el amparo reciente concedido al gobernador Samuel García.

Luego de los reproches que recibieron por anunciar el paro, los legisladores aclararon que analizan jurídicamente el siguiente paso que darán ante la protección constitucional que obtuvo el mandatario de Movimiento Ciudadano contra 27 decretos con los que tricolores y albiazules pretendían acotar sus funciones.

Las sesiones del pleno se cancelaron, pero continúa la labor en comisiones y en otros aspectos que hacen que el Poder Legislativo se mantenga activo, dijo Lorena de la Garza, del PRI.

“El trabajo de un diputado no se limita a lo que pasa en el pleno y por eso seguimos trabajando en las asignaciones que tenemos, presentando iniciativas, trabajando con nuestro equipo jurídico para estudiar iniciativas, visitando nuestros distritos, los diputados seguimos trabajando”, señaló.

El panista Luis Susarrey dijo que mientras los diputados hacen su función también acuerdan la forma en que enfrentarán el amparo que concedió el juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en Reynosa, Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, en el que señala que todas las enmiendas constitucionales aprobadas están sin efecto sobre Samuel García, pues él asumió el puesto con una base legal que debe seguir en su mandato.

En todo caso, dijo el juzgador, las nuevas leyes deberán ser acatadas por quien suceda al actual mandatario en 2027.

“Estamos analizando con la dirección jurídica del Congreso los siguientes pasos a seguir en medio de la crisis política que vive el Estado. Hay que reconocerlo tal como es: hoy por hoy no solamente tenemos una crisis del agua, una crisis de movilidad, una crisis de inseguridad, una crisis ambiental, sino que ahora también tenemos una crisis política”.

“Se agrava mucho más no sólo con el intento del Ejecutivo de controlar el Poder Legislativo sino también ahora con la resolución de un juez de Distrito de otro Estado que invade la soberanía, las facultades y que daña las libertades políticas de la gente de nuestro Estado”, dijo Susarrey Flores.

El organismo ciudadano Consejo Cívico lamentó la decisión del Congreso local al señalar que no puede declararse en “paro indefinido de labores”, pues se genera un vacío de uno de los tres poderes que rigen la entidad.

“El principio de división de poderes constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático y, esto no significa que los legisladores locales y el gobierno de Nuevo León deban estar de acuerdo en todos los temas; sin embargo, escalar un conflicto con acciones como estas, anteponiendo intereses partidistas de quienes gobiernan, la única que sale perdiendo es la ciudadanía”, señaló la ONG.  

Exigió a los legisladores que retomen las funciones por las que fueron elegidos por tres años.