PUEBLA, Pue. (apro).– Habitantes de San Pedro Cuaco se manifestaron este lunes en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos del Estado para pedir que se ponga un alto a autoridades civiles y eclesiásticas que, acusan, desde hace casi siete años promueven acciones que buscan desmantelar el sistema de cargos de fiscales y mayordomos que esta comunidad nahua ha mantenido vigente por siglos.

En octubre de 2022, los pobladores presentaron una denuncia formal en contra del presidente auxiliar de esa localidad, Gabriel Silva, por presuntamente tratar de imponer “en forma ilegal e ilegítima” a nuevos fiscales eclesiásticos, con lo cual habría violado el artículo 130 de la Constitución política del país, que obliga a los funcionarios públicos a no intervenir en asuntos religiosos.  

Desde mediados de 2016 (Proceso 2348), esta comunidad indígena, perteneciente al municipio de Atlixco y una de las más cercanas al volcán Popocatépetl, se ha mantenido en resistencia en contra de las autoridades de la iglesia católica que ordenaron la desaparición de la parroquia y pidieron a los fiscales, representantes laicos que son electos por usos y costumbres, que entregaran las llaves del templo y el archivo que ha estado a cargo de esa comunidad desde la época colonial.

Los habitantes se negaron a seguir estos ordenamientos, por lo cual, durante años la institución eclesiástica los “castigó” negando que en ese pueblo se realizaran misas y se ofrecieran los sacramentos, reconociendo sólo como parroquia a la vecina localidad de Coyula.  

En 2021, los pobladores pusieron a salvo su acervo histórico y cultural con la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que catalogó los documentos, estandartes y lienzos que están en su archivo y que datan de los siglos XVII y XVIII y con lo cual se determinó que deben mantenerse en custodia de sus pobladores.  

Sin embargo, señalan que el archivo parroquial, que la institución católica pretende administrar, está conformado además de documentos que datan de 1550 a la fecha, por los títulos de más de 10 parcelas de cultivo que la comunidad entregó a la Virgen y a los santos a los que rinden culto.  

En esta localidad indígena, el patrono y cada virgen y santo tiene sus tierras, que son cultivadas por el mayordomo de cada uno de ellos y lo que se obtiene de las cosechas es destinado a la fiesta de las imágenes. Así ha funcionado la vida comunitaria en esta localidad en torno a un ciclo de fiestas.  

Uno de los manifestantes ante la Fiscalía señaló que podría ser que la insistencia de las autoridades eclesiásticas y civiles por imponerles fiscales y mayordomos –que no fueron electos en asamblea comunitaria– se deba a que busquen tener el control de esas tierras de cultivo, pues en lugar de buscar una salida al conflicto, han tratado de dividir más a los feligreses.  

Cuando inició esta problemática en 2016, recuerdan que el sacerdote Humberto Victoria incluso pretendió “sobornar” al secretario de los fiscales para que le dejara ser el custodio de los documentos y archivos parroquiales y ante la negativa el clérigo promovió la división que hasta la fecha subsiste.  

Aunque Victoria fue cambiado de esa localidad, indican que el sacerdote que llegó en su lugar, Bartolo Lara, ha mantenido las mismas prácticas que han generado debilitamiento del tejido social de San Pedro Cuaco, pues acostumbra realizar misas en casas particulares para el grupo contrario que apoya al sacerdote.

“Comprendemos que la Iglesia católica tiene sus propias instancias de gobierno y decisión, sin embargo, querer desmantelar el sistema de cargos de nuestra comunidad es atentar contra uno de los soportes fundamentales de nuestra organización social como pueblo originario”, manifestaron los lugareños en un escrito enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En camiones que ellos costearon, este lunes los pobladores de San Pedro Cuaco se trasladaron a Puebla para exigir que se aplique la ley contra las autoridades civiles que han participado en el intento de desconocer a los fiscales que la asamblea eligió y tratan de imponer a otros que podrían ceder al interés de la Arquidiócesis de Puebla.  

“Lo que estamos defendiendo es nuestro patrimonio, es lo que somos, es nuestra historia. Jóvenes, adultos y ancianos desde años ancestrales hemos venido caminando junto a nuestras tradiciones y en este momento están siendo violados nuestros derechos, nos está fracturando como comunidad”, expresó Josefina, una de las manifestantes.  

“Si el gobierno federal está tratando de resaltar la historia de los pueblos indígenas, ¿por qué hay otros que vienen a querérnosla quitar? ¿Qué interés hay en eso?  Es lo que nosotros nos preguntamos”, agregó.  

Indicó que los pobladores de San Pedro Cuaco están decididos a acudir ante las autoridades estatales y federales que sean necesarias para defender su derecho a mantener su sistema de cargos que los distingue como comunidad indígena.