PACHUCA, Hgo. (apro).– En la coyuntura de la disputa entre dos corrientes internas por el control directivo de la cementera, el grupo que tiene en posesión la planta en Hidalgo promovió ante la Cámara de Diputados un juicio político contra el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, y tres funcionarios más, por la negativa de reconectar la energía en las instalaciones de Tula, tras un corte de servicio aplicado el 17 de agosto del año anterior.

La solicitud de juicio fue ingresada a nombre Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. y de una menor de edad con iniciales F.V.M.C., quien ganó una suspensión de plano el pasado 27 de febrero de 2023 dentro de los autos del juicio de Amparo núm. 1698/2022, tramitado ante el juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el que se ordena se reconecte de inmediato el servicio eléctrico en su casa, que se encuentra al interior de la fábrica de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en el municipio de Tula.

Con ello, se obliga a la reconexión de la cementera y cooperativa de la que es socio su padre.

El abogado Miguel Trujillo, titular del Despacho Trujillo que lleva la representación legal del grupo que tiene en posesión la planta cementera en Hidalgo, dijo a Proceso que, tras el fallo, de manera “dolosa” la Comisión Federal de Electricidad se ha negado a acatar esta determinación; además, acusó que el titular de este organismo, Manuel Bartlett Díaz, ha ordenado a sus subalternos no reconectar el servicio.

La solicitud de juicio político ingresada este 9 de marzo incluye también a los directivos José Martín Mendoza Hernández, director general de CFE, suministrador de Servicios Básicos; al gerente regional de Transmisión Central –cuyo nombre no fue incluido en el documento oficial–, y a Arturo Mota Palomino, encargado o director general del Centro Nacional de Control de Energía, por posible ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, desacato, perjurio o falsedad de declaración a una autoridad, obstrucción de justicia, asociación delictuosa y delincuencia organizada.

En el juicio político se pide que se sancionen a los denunciados, se les separe del cargo y se les inhabilite para volver a ocupar un cargo público por mínimo 20 años, independientemente de las posibles sanciones penales que enfrenten.

Asimismo, el grupo presentó una queja ante las oficinas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, “a quienes se les pide intervengan para iniciarles el procedimiento administrativo sancionador a los denunciados, separarlos de sus cargos y, principalmente, para que ordenen a sus subalternos la reconexión de la energía eléctrica en la planta cementera”.

De igual forma, anunciaron que tras agotar las instancias locales próximamente recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado Mexicano la violación de los derechos humanos y el tratado internacional del interés superior del menor, cometido en agravio de F.V.M.C., para buscar de esta forma se reparen los daños que se le ocasionaron a ella y a la fábrica cementera de su padre, que hasta la fecha contabilizan en más de 4 mil 200 millones de pesos.

De acuerdo con Trujillo, en el proceso en busca de la reconexión existen presuntas irregularidades cometidas también por los jueces que han revisado los requerimientos de amparo.  

“El grupo disidente pidió a CFE la suspensión del suministro porque en la planta se iban a hacer mantenimientos internos, por lo cual a nosotros nos quitan la luz. Nosotros promovemos un amparo. El primero, el 1329, cae con el juez Cuarto de Distrito del Estado de Hidalgo. Ahí nos dan inmediatamente la suspensión de plano y ordenan la reinstalación inmediata de la luz en un término menor a 24 horas, pero en un acto anómalo el juez Cuarto cambia de opinión, y en su resolución dice que en un estudio más a fondo del asunto desecha el amparo”, indicó el litigante.

Por un segundo amparo, ahora con el juez Tercero de Distrito, se ordena que se reactive el servicio de electricidad; no obstante, se dictó un sobreseimiento, por lo que un socio cooperativista y su hija menor de edad promovieron otros amparos por vivir en la colonia al interior de Ciudad Cooperativa, que es abastecida por la planta.

“Cuando quitaron la energía en la cementera, automáticamente quitaron toda la energía a la colonia, y obviamente a todas las familias que se encuentran ahí, por lo cual los exponen prácticamente a la muerte, por eso no solo se está tramitando con la menor el amparo, sino también con su papá, pero en juicio diverso, aunque atendiendo que la niña tiene el interés superior, nos decretan antes que a su padre la suspensión provisional nuevamente, para que, otra vez, la Comisión Federal de Electricidad nos reconecte el servicio, hecho que no ha pasado”, añadió el responsable de la defensa del grupo en posesión de la planta, que lidera Francisco Sanabria Pozo.

La disputa de esta corriente interna es contra el grupo encabezado por Víctor Manuel Velázquez Rangel. Ambos se acusan de corrupción, robo de material y posible lavado de dinero. De igual forma, los dos argumentan que la legitimidad de su dirección.

Trujillo, quien consideró existen móviles políticos en la decisión de mantener inactiva la cementera, acusó: “sabemos que Bartlett está directamente relacionado con la negativa de reconectarnos la luz, y por eso estamos iniciando el juicio político”, que fue tramitado a través de la menor.