Chiapas
Familiares de Simón Pedro Pérez rechazan un juicio abreviado contra su ejecutor
Defensores de los derechos humanos y familiares del activista Simón Pedro Pérez López rechazaron que se realice un juicio abreviado contra el único autor material detenido por su ejecución.TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– Defensoras de los derechos humanos, integrantes del grupo civil Las Abejas de Acteal y familiares de Simón Pedro Pérez López exigieron a la Fiscalía de Chiapas y al juez del caso justicia para el líder indígena, y rechazaron negociar un juicio “abreviado” en el que se le dé una condena corta al único autor material detenido y dejar impunes a los autores intelectuales.
Juan Pérez y Crescencia López, padres de Simón Pedro Pérez López, ejecutado a tiros el 5 de julio del 2021 cuando caminaba junto a su pequeño hijo de la mano por una de las calles céntricas de Simojovel, en los Altos de Chiapas, exigieron que su crimen no quede impune.
En conferencia de prensa, acompañados del Dora Lilia Roblero García, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Guadalupe Luna, de Las Abejas, los familiares de Simón Pedro Pérez López denunciaron que se ha dilatado el juicio para dictar sentencia en contra del único autor material, detenido en el penal de El Amate.
A 18 meses del asesinato, denunciaron que con “argucias legaloides” se ha demorado el juicio y en muchas ocasiones se ha suspendido porque el caso lo lleva un juez de Pichucalco, en la zona norte del estado, pero el detenido está preso en el penal 14 de Cintalapa, a cientos de kilómetros de distancia.
Simón Pedro Pérez López fue defensor de derechos humanos maya tsotsil, expresidente de la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal y realizaba un activismo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la región de los Altos de Chiapas; se movía principalmente entre Chenalhó, Pantehló y Simojovel, de donde era originario.
Dora Lilia Roblero, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) pidió este miércoles a las autoridades de justicia que tomen en cuenta las líneas de investigación que orienten las causas de su asesinato.
Reiteró que el móvil que llevó a arrebatarle la vida a Simón Pedro está vinculado con su labor de persona defensora de los derechos humanos y de la vida, a favor de la construcción de la paz y de la denuncia de la existencia de un grupo criminal que controló, desde la esfera local, política, social y económicamente el territorio a base de amenazas, asesinatos y desapariciones en la región.
Este viernes 3 y sábado 4 de marzo se tiene previsto que se lleve a cabo el juicio oral en el Juzgado de Control de Pichucalco.
Es por ello que solicitó que al juez que lleva el caso y a la FGE que se garantice la presencia del autor material del asesinato de Simón Pedro, quien se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 "El Amate” de Cintalapa.
“Como sabemos, el respeto, garantía y protección de los derechos humanos son deberes que el Estado está obligado a cumplir mediante sus distintos órganos de gobierno, y así evitar dilación, continuidad de las violaciones a los derechos humanos y posible discriminación por la condición étnica de las víctimas frente al acceso a la justicia”, dijo Dora Lilia.
Urgió tanto al Juzgado de Control de Pichucalco como a la Fiscalía General del Estado que tomen en cuenta todas las líneas de investigación que lleven al esclarecimiento del asesinato de Simón Pedro y dar con los responsables intelectuales.
Además, exigió al sistema de impartición de justicia de Chiapas garantizar a prontitud y la verdad ofreciendo la adecuada atención a las pruebas sobre el móvil de su homicidio, y que quede constancia de ello en el fallo final.
“El Estado mexicano tiene la responsabilidad de evitar la constante vulnerabilidad y situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, comunidades y pueblos que luchan a favor de la paz; por ello, exigimos que se observe y se cumpla a cabalidad el artículo 10 de la Ley General de Víctimas que establece el derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que garantice además el derecho a conocer la verdad integral para las víctimas, sus familiares y la sociedad en general”, dijo la defensora de derechos humanos.