PACHUCA, Hgo. (apro).– Un interno del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tula de Allende, Hidalgo –el penal del que un comando armado liberó en diciembre de 2021 a los líderes del Cártel de Pueblos Unidos en una operación que incluyó la detonación de autos–, escapó al salir del área de enfermería y subir a la azotea de los juzgados aledaños. En la calle, tomó una combi y huyó.

Cámaras de videovigilancia captaron la forma en la que Jesús Martínez Olguín, acusado de violación agravada, evadió la seguridad de esta cárcel –evidenciada por la vulnerabilidad de su vigilancia en diagnósticos penitenciarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH)–. 

Sin embargo, la fuga no fue detectada internamente sino hasta el tercer pase de lista del día, cuando, presumiblemente, el reo tenía un par de horas de haber escapado. 

Con base en la primera información obtenida, Martínez Olguín, de 23 años y originario del municipio de Zimapán, había sido llevado a la enfermería tras una riña con otro recluso. Desde ahí fue que salió sin, aparentemente, ser detectado por el personal de custodia.

De acuerdo con la ficha de ingreso al penal, el evadido había ingresado el 20 de abril de 2021, trasladado del Cereso de Ixmiquilpan, similar –en cuanto a infraestructura y medidas de seguridad– al de Tula. 

Su clasificación jurídica era de "ejecutoriado" y su causa penal (11/2017) se desahogaba en el Juzgado Penal Acusatorio y Oral de Zimapán.

La Secretaría de Seguridad Pública no ha emitido información ni posicionamiento respecto a los hechos. 

La corporación estatal, en conjunto con la Policía Municipal y la Guardia Nacional, implementó un operativo de recaptura y reforzó la vigilancia en la periferia del sitio.

Con base en el protocolo en casos de evasión, el personal del Cereso debe ser sujeto a una investigación para el deslinde de responsabilidades.

El 1 de diciembre de 2021, los hermanos José Artemio (recapturado a finales del año anterior) y Mariano Maldonado Mejía, jefes del Cártel de Pueblos Unidos o Los Michoacanos –dedicados al “huachicoleo”–, se fugaron de la misma cárcel en una acción que incluyó el reclutamiento de decenas de “operadores” y sicarios y el uso de autos-bomba y armas de alto poder.

Por la deficiente seguridad del penal y a la presunta corrupción de las policías estatal y municipales se inició una investigación, según se desprende de testimonios y documentos a los que Proceso (edición 2370) tuvo acceso.