TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis; (apro).- Decenas de organizaciones civiles y activistas defensores de derechos humanos exigieron el lunes la intervención del gobierno estatal y del federal ante el desplazamiento masivo de 42 familias tojolabales a las que les quemaron sus casas y demolieron sus casas, les subastaron sus enseres y fueron expulsadas del ejido Saltillo en Las Margaritas.

En un pronunciamiento conjunto emitido el lunes 13, decenas de activistas y organizaciones civiles, manifestaron su preocupación, dolor y sentido de impotencia al ver el sufrimiento que familias del Ejido Saltillo del municipio de Las Margaritas, Chiapas padecen, tras ser desplazadas de sus viviendas ubicadas en dicha localidad.

Hoy nos posicionamos a favor de que se brinde atención a esta problemática de manera expedita, oportuna, eficaz y que se aplique el Modelo Integral de Atención a Víctimas”.

Señalaron que derivado del enfrentamiento entre simpatizantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC HISTÓRICA) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos De Izquierda (ASSI-CHIAPAS) el día 24 de febrero de 2022, en Las Margaritas, en donde resultaron dos personas asesinadas y varias más heridas, se ha desatado una ola de violencia al interior del Ejido Saltillo.

A casi un año de aquellos hechos sangrientos de febrero del 2022, la madrugada del pasado 7 de febrero, alrededor de 42 familias conformadas por 198 personas fueron desplazadas de la comunidad de manera violenta.

Señalaron que fueron 27 viviendas incendiadas y otras destruidas, sus animales asesinados y consumidos y fueron amenazadas con armas de fuego. Antes de ser quemadas y demolidas, sus enseres domésticos y muebles fueron llevados a la plaza de la comunidad donde fue subastada ante la población.

Así mismo, se les ha prohibido intentar regresar al ejido. Las y los afectados son 56 mujeres, 39 niñas y niños, 5 bebés y 58 hombres distribuidos en el municipio en búsqueda de espacios para quedarse.

“Como organizaciones de la sociedad civil, defensoras) de Derechos Humanos, iglesia católica organizada y promotoras de Derechos nos pronunciamos y expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo en torno a la violencia generalizada que se vive en nuestro municipio, provocando situaciones de desplazamiento forzado como este, ya que, desafortunadamente no es el único caso, otros muchos, han quedado en el olvido sin atención y mucho menos, solución”, dijeron los activistas.

Exigieron al gobierno estatal y al gobierno federal, se dicten las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de las personas desplazadas, acorde con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y demás tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Demandaron que se les brinde atención integral a las necesidades de las personas desplazadas, pues han atravesado por situaciones de mucha violencia, asimismo que se implementen acciones gubernamentales de asistencia humanitaria adecuadas a las necesidades específicas de este grupo y se consideren las necesidades particulares de los grupos especialmente vulnerados.

Pidieron también que se investigue y sancione a las personas responsables del desplazamiento forzado y daños ocasionados en los bienes de las y los pobladores del ejido Saltillo. Así como también de la omisión en que han incurrido autoridades municipales y estatales, quienes no han dado atención adecuada y eficaz a este asunto.

Dijeron que es urgente implementar estrategias y acciones concretas para construir el tejido social y erradicar estas manifestaciones de violencia en el mediano y largo plazo, dado a que, en estos hechos concretos, varios jóvenes participaron en el despojo y destrucción de las propiedades de las personas desalojadas.

Exigieron la atención a este caso y demás casos de desplazamiento forzado y violencia que se ha suscitado en diversas localidades del municipio e hicieron un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales a que intervengan apostando siempre al diálogo y la negociación para la solución de los conflictos.

Entre las organizaciones, redes y colectivos que pidieron esta intervención urgente están  Tzome Ixuk, Mujeres Organizadas A.C., Mujeres Unidas Siempre por el Aprendizaje A.C. (MUSA), Mujeres profesionistas Tojol-ab’ales, la Parroquia de Santa Margarita de Antioquía, el Comité Junax Ko'tantik, Familias Unidas de Chiapas, Buscando a Nuestros Migrantes, Red de Defensorxs Tzome Ixuk, la Red de Mujeres Trabajadoras del Hogar, la Coordinación de Pastoral de Barrio Sacsalum, el Colectivo Fases de la Luna,  el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Oralia Morales y muchos otros más.

Por ahora, las 198 personas del pueblo originario tojolabal, duermen en una bodega de café y maíz, propiedad de la CIOAC-Histórica, esto en la cabecera municipal de Las Margaritas, cuyo alcalde Bladimir Hernández Álvarez y su padre, Antonio Hernández Cruz, encabeza una organización social llamada la ASSI, que se disputa el control del territorio con la primera.