OAXACA, Oax. (apro).- En Oaxaca se han profundizado las violaciones a los derechos humanos, aunado a que persisten retrocesos, simulación, omisión, negligencia, corrupción y falta de autonomía de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, reveló el Informe Ciudadano “Entre el PRI y Morena: retrocesos, impunidad y simulación”.

En el documento que fue entregado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca concluyeron que persiste la “continuidad entre las administraciones priistas y morenistas”.

Pese a que existió una alternancia política a nivel federal y estatal entre el PRI y Morena, persiste “la falta de voluntad política, la cual ha sido el principal obstáculo para enfrentar la grave situación por la que atraviesa el estado. La ‘paz’ es sólo una narrativa gubernamental y parte de la simulación”.

El Informe Ciudadano 2018-2023 “Entre el PRI y Morena: Retrocesos, impunidad y simulación” tiene como objetivo reflejar la situación de los derechos humanos en Oaxaca en el marco de la cuarta evaluación del Estado mexicano por el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU).

Organizaciones como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Centro de Apoyo para le Educación (Educa) y Creatividad Calpulli, Servicios para una Educación Alternativa y la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI Capítulo-Oaxaca) reiteraron que nada cambió entre el PRI de Alejandro Murat Hinojosa y el morenista Salomón Jara Cruz, todo empeoró.

Marcos Leyva Madrid, director de Educa, dio lectura al pronunciamiento donde denunciaron que “la violencia machista permea todos los niveles de gobierno, (ya que) diversos personajes señalados y denunciados por violencia de género fungen como funcionarios de alto nivel en el gobierno del estado, como Donato Vargas Jiménez, denunciado por violencia familiar y señalado por participar en Redes Sociales con mensajes de carácter pornográfico en perjuicio de mujeres indígenas”.

También se profundiza la militarización, en particular en zonas donde pueblos indígenas luchan contra la imposición de megaproyectos, además de dotar de presupuestos históricos para la militarización de la seguridad pública. Este despliegue de las Fuerzas Armadas en Oaxaca ha ido acompañado por un creciente número de quejas en su contra, en particular contra la Guardia Nacional.

Muestra de ello, dijo, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició 77 quejas contra la Guardia Nacional (19 quejas en 2020, 25 en 2021 y 33 en 2022).

De igual forma, la violencia feminicida sigue en aumento, ya que se registró en el periodo de 2018 a 2022 un incremento de 126% en feminicidios y de 131.7% en desapariciones de niñas y mujeres tan sólo en 2021.

El marco jurídico existentes a nivel federal y estatal agudiza la imposición de proyectos energéticos, extractivos y de infraestructura, y la consecuente violación del derecho a la libre determinación. Tan sólo en el caso de proyectos extractivos, hasta 2020 se otorgaron 294 concesiones mineras en Oaxaca: 45 proyectos mineros.

En este contexto, se agravaron de manera alarmante las agresiones contra personas defensoras, documentándose 47 asesinatos (2018-2023), ubicando a Oaxaca como el más letal para la defensa de derechos humanos.

Destacó que la mayoría de personas defensoras asesinadas pertenecía a un pueblo indígena y defendía la tierra y el territorio, además de los asesinatos se encuentra la privación ilegal de la libertad como una práctica para disuadir procesos de defensa, tal es el caso del defensor Pablo López Alavez, defensor zapoteco privado de su libertad.

La misma situación acontece con periodistas, Oaxaca es la quinta entidad con más asesinatos de periodistas (2018-2022).

Entre los casos emblemáticos se encuentran los asesinatos de los reporteros Heber López Osorio y Agustín Silva Vásquez, y de los defensores del Río Verde: Fidel Heras Cruz, Jaime Jiménez Ruiz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes y Filogonio Martínez Merino.

La impunidad es el mayor agravio del estado. El sistema de justicia se caracteriza, en este periodo, por falta de independencia, dilación, corrupción, negligencia y falta de personal especializado.

En el evento, Yésica Sánchez Maya, de Consorcio-Oaxaca, remarcó que los partidos van y vienen y las fuerzas políticas se acomodan, sin embargo, se mantiene un continuo debilitamiento de instituciones.

Respecto a la ley 3 de 3 cuestionó la complicidad que persiste porque “hay políticos que tienen resoluciones en su contra y no se les destituye, como es el caso de la subsecretaria de prevención y violencia de género de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, Yolanda Adelaida Santos Montaño; el caso de Donato Vargas o el hermano de Adelfo Regino, que tienen señalamientos en contra, pero no pasa nada. Esta ley quedó grande o como letra muerta”.

En cuanto a la violencia feminicida, detalló que, en este tiempo, sólo hay sentencias en 5% de los feminicidios registrados por la sociedad civil. Es decir, se han dictado 29 sentencias de 2018 a marzo de 2023 de 602 feminicidios registrados.

Otro tema que preocupa es la imparable desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en Oaxaca, se tiene el registro de mil 943 desaparecidas de 2018 al 2022 en el periodo del priista Alejandro Murat y 254 en el primer semestre del morenista Salomón Jara.

Diana Leticia Pérez López, del Centro Calpulli, cuestionó a la LXV Legislatura local por el retroceso que marcó en materia de derechos de niñeces y adolescencias violando el principio de progresividad a los derechos que ya había ganado, como lo era el derecho a una alimentación sana y nutritiva.

Flora Gutiérrez, de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, cuestionó la militarización que está sólo para cuidar intereses del gobierno y de empresas trasnacionales atentando contra el derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos, mientras que la inseguridad va en aumento.

La periodista feminista Soledad Jarquín Édgar enfatizó que desde el sexenio de José Murat Casab pensó que no habría peores gobernadores, pero vino Ulises Ruiz, Gabino Cué, Alejandro Murat y ahora Salomón Jara, y cada vez son peores.

Mientras que Mario Hurtado, de EPU mx, reconoció que más de 300 organizaciones y redes estatales, nacionales e internacionales de la sociedad civil presentaron 18 informes temáticos derivados de la grave crisis que vive México en materia de derechos humanos, como desaparición forzada, militarización, desplazamiento forzado, migración, feminicidios, entre otros.

Hizo hincapié en el tema de la militarización que cada vez se ha agudizado, pero lo que preocupa es que no hay un plan gradual de retiro, es decir que llegaron casi para quedarse.

Otra cosa que preocupa es el debilitamiento del estado de derecho. Nos preocupa la falta de aplicación de leyes, incapacidades institucionales, el debilitamiento del espacio cívico y el tema de la impunidad.

Preocupa que 11 estados continúan sin una armonización de la ley general de desaparición forzada, es un pendiente de este sexenio, aunado que las comisiones de búsqueda no cuentan con el personal suficiente. En este sexenio alrededor de 40 mil personas han sido desaparecidas, para un cúmulo total de 110 mil ausentes.

Finalmente, Ximena Ramos de ONU-DH, reconoció que México recibió 264 recomendaciones de las cuales aceptó 262 en el último periodo del EPU.

Durante la presentación dieron a conocer también el mensaje emitido por la Relatora sobre la Situación de Personas Defensoras Mary Lawlor, en el que expresa su preocupación por el alto riesgo en el que se encuentran personas defensoras en Oaxaca, e instó a la liberación inmediata del defensor detenido arbitrariamente desde 2010 Pablo López Alavez.