PUEBLA, Pue. (apro).- Por cuatro años, el cuerpo de Jorge Ramírez Hernández permaneció en la fosa común donde fue colocado por la Fiscalía General del Estado como la persona no identificada 298, mientras su familia sufría por no localizarlo.

En julio de 2019, las autoridades poblanas desataron un operativo de búsqueda para encontrar al delegado de la Secretaría General de Gobernación (SGG), Fernando Tinoco Cervantes, quien había sido secuestrado.

En esos días, la Fiscalía encontró el cuerpo de Tinoco en una fosa clandestina ubicada en la localidad de Santa María Tianguistenco, municipio de Huejotzingo, donde también hallaron los cuerpos de otras personas.

La FGEP nunca precisó el número de cadáveres que encontró en ese sitio, pero de manera extraoficial se aseguró que fueron más de 12.

En ese entonces, la familia de Jorge Ramírez Hernández, quien había desaparecido en Huejotzingo el 27 de junio de ese año, pidió a la FGEP verificar el perfil genético de su hijo entre los cadáveres localizados en esa fosa clandestina, pero la autoridad poblana negó el procedimiento, pues argumentó que no había correspondencia entre la media filiación de esa persona y los cuerpos encontrados.

No obstante, el Colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla y la Clínica Jurídica Minerva Calderón del Instituto Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla apoyaron a María Juliana Hernández Moreno y a Heladio Ramírez Moreno, padres de Jorge, para que solicitaran ante la Fiscalía General de la República (FGR) una segunda confronta genética.

En enero de este año, el resultado de esos estudios confirmó que el cuerpo registrado como el desconocido 298, y que había sido localizado en la fosa clandestina de Huejotzingo desde 2019, coincidía en un 99.999 por ciento como hijo de ambos.

No obstante, fue hasta este 17 de octubre que el cuerpo fue exhumado y entregado a la familia, que hasta entonces pudo darle una despedida y sepultura a Jorge de 33 años de edad, quien se presume fue secuestrado por no pagar derecho de piso de un negocio materiales reciclables que había puesto en Huejotzingo.

El Instituto Ignacio Ellacuría acusó que, además, las autoridades involucradas retrasaron, de manera injustificada, por dos meses más el proceso de exhumación y restitución del cuerpo de Jorge a su familia.

“El caso refleja la realidad de la crisis de identificación forense en todo el país, frente a la cual instamos a que la Fiscalía General del Estado cumpla con sus obligaciones en la materia, tales como la creación del Banco Estatal de Datos Forenses y el adecuado funcionamiento del Registro Estatal de Fosas y de Personas Fallecidas y no Identificadas; así como garantizar la trazabilidad de los procesos forenses de identificación y la debida diligencia de exhumaciones”, señaló el Instituto.

Ante lo ocurrido en este caso, demandó que las autoridades que tienen ver con la investigación, búsqueda e identificación de personas desaparecidas, actúen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas “garantizando en todo momento la dignidad de las personas desaparecidas y sus familias”.