OAXACA, Oax. (apro).- Por omisiones, dilación, negligencia e incumplimiento de funciones que le costaron la vida al periodista Gustavo Sánchez Cabrera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 121/2022 al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y al fiscal General de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo.

Meses antes de la agresión letal, el periodista había solicitado ser incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero los dictámenes para ello se emitieron de forma tardía y limitada.

En junio de 2021, el periodista Gustavo Sánchez Cabrera, fue asesinado a balazos en la comunidad de Morro Mazatán, perteneciente al municipio de Santo Domingo Tehuantepec, en la región del Istmo de Oaxaca.

Sánchez Cabrera era reportero y editor de nota roja en el Istmo de Tehuantepec y en julio de 2020 ya había sobrevivido a un ataque armado en el que recibió un disparo de arma de fuego; sin embargo, las autoridades estatales y federales fueron negligentes en dar protección.

La recomendación destaca que la CNDH inició por oficio la integración del expediente de queja y con información oficial confirmó que hubo “omisiones, dilación, negligencia e incumplimiento de funciones de, al menos, quince personas servidoras públicas: once de ellas pertenecientes a distintas unidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación; una persona más, que forma parte del personal directivo de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH) del gobierno de ese estado; y tres de ellas adscritas a la Fiscalía de la entidad”.

Mencionó que la CNDH pudo documentar, también, que el periodista había sufrido y denunciado agresiones, amenazas y ataques los días 25 y 30 de abril, 13 de julio, 25 de octubre y 18 de noviembre de 2020; que había solicitado de forma reiterada la asignación de un chaleco antibalas y que se concretaran con premura los procedimientos de incorporación al citado mecanismo de protección.

“Esta Comisión Nacional pudo evidenciar que las autoridades señaladas contaban con información suficiente para advertir la gravedad e inminencia del riesgo que la persona enfrentaba, ya que, aunado a los antecedentes de amenazas de secuestro y de muerte que el periodista había recibido por mensajes electrónicos, sufrió un atentado con arma de fuego, por lo que fue ingresado a un hospital para atención médica, debido a las lesiones que le ocasionaron”.

Por tal razón, considera que “existe responsabilidad de las personas servidoras públicas adscritas al Mecanismo, ya que omitieron proteger, promover y garantizar los derechos humanos y no cumplieron con sus funciones encomendadas para cooperar eficazmente entre la federación y las entidades, a fin de implementar medidas de prevención, protección y de atención urgente con las cuales se garantizara la vida, integridad y seguridad de la víctima, quien se encontraba en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.

Recalcó que las autoridades responsables omitieron cumplir con el deber de cuidado en apego a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a los procedimientos que establece su reglamento, con lo que se acredita que el desempeño como servidores públicos fue negligente”.

Aunado a ello, se sumó “la preocupante falta de voluntad política de la autoridad estatal para coordinar acciones, a fin de proporcionar atención integral a la familia de la víctima, no obstante, el pleno conocimiento que tuvo tanto de los diversos atentados que sufrió, como de su lamentable homicidio”.

Frente a tales hechos, la CNDH pidió al secretario de Gobernación, al gobernador del estado y al fiscal general de la entidad que se proceda a la inmediata reparación integral del daño a las personas familiares directamente afectadas por el lamentable homicidio del periodista, misma que deberá incluir una compensación justa en términos de la Ley General de Víctimas, y otorgarles la atención psicológica que requieran, derivado de la violación a sus derechos humanos, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional, en un lugar accesible y con su consentimiento”.

De igual forma, pidió a la Segob que colabore con su Órgano Interno de Control para el seguimiento de la denuncia administrativa que esta Comisión Nacional presente en contra de las personas servidoras públicas identificadas como responsables, para que se investiguen y sancionen las probables faltas administrativas.

Y al gobernador del estado de Oaxaca se le pide que ofrezca una disculpa pública, cuyo objeto sea establecer la verdad de los hechos, el reconocimiento de responsabilidad institucional, restablecer la dignidad de la víctima en su labor periodística, y establecer el compromiso institucional para la no repetición de hechos similares.

Además, se le solicitó la colaboración con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de esa entidad, en el seguimiento de la denuncia administrativa que se presente por las probables faltas cometidas por personas servidoras públicas del gobierno del estado.

Mientras que el al fiscal general del estado se le solicitó que colabore con la Visitaduría General de la Fiscalía en el seguimiento de la denuncia administrativa que se presente en contra de las personas servidoras públicas identificadas como responsables, por las probables faltas administrativas cometidas.