TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- Organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de los migrantes y senadores pidideron al gobierno mexicano garantizar la protección de personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

Demandaron eliminar la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes de acuerdo con la Ley de Migración vigente; activar programas de salida de detención para solicitantes de asilo; derogar facultades de la Guardia Nacional en acciones de control y verificación migratoria; y esclarecer y fortalecer los procesos de colaboración y canalización interinstitucional y con sociedad civil en el estado.

Los anterior, luego de tres días de recorrido por diversos puntos de la frontera en Chiapas, reuniones con organizaciones de la sociedad civil, dependencias de Gobierno, instancias internacionales y población migrante y con necesidades de protección internacional, organizaciones de la sociedad civil de México y Centroamérica, el Senador Emilio Álvarez Icaza y Rosa María Armendariz, en representación de la Senadora Beatriz Paredes Rangel.

Del 21 al 23 de junio, miembros de organizaciones civiles y el senador visitaron la estación migratoria Siglo XXI y estancias provisionales dependientes del Instituto Nacional de Migración (INM); albergues municipales y estatales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF); el albergue de sociedad civil Hospitalidad y Solidaridad; además de instalaciones operadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

En conferencia de prensa dijeron el jueves que mantuvieron conversaciones con autoridades estatales y del Ayuntamiento de Tapachula, y reuniones con población migrante y sujeta de protección internacional, organizaciones y redes de la sociedad civil locales, representantes de agencias de Naciones Unidas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

Entre los principales hallazgos destacaron “la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas en contexto de movilidad, el impacto que tiene la militarización y presencia de la Guardia Nacional, en contraste con la ausencia de las instituciones responsables de la garantía de derechos en los espacios de control y verificación migratoria, y de la poca disponibilidad de información y los obstáculos para acceder a procesos de regularización migratoria y de reconocimiento de la condición de refugiadas”.

 De igual forma constataron las “constantes violaciones a derechos de las personas detenidas en estaciones migratorias. Asimismo, fueron evidentes las dificultades a las que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil para realizar su labor de acompañamiento y monitoreo en estaciones migratorias y estancias provisionales”.

Durante los recorridos fue posible documentar, dijeron, el riesgo que viven niñas, niños y adolescentes, mujeres y otras poblaciones con necesidades específicas y en condiciones de especial vulnerabilidad, debido a la falta de mecanismos para la detección y canalización oportuna a instituciones correspondientes.

Detectaron acciones puntuales que deben impulsarse desde el Congreso Federal, relacionadas con armonización legislativa, monitoreo de la implementación de la reforma sobre niñez y adolescencia migrante, transparencia y rendición de cuentas (especialmente en lo relacionado con el presupuesto destinado a las acciones de control y detención por razones migratorias), fortalecimiento presupuestal para la COMAR y las procuradurías de Protección a la Infancia, y otras entidades como salud, educación y trabajo para la atención de población migrante.

Destcaronla necesidad de crear o fortalecer los controles parlamentarios con la finalidad de garantizar, por parte del Congreso Federal, el monitoreo y nivel de cumplimiento de los marcos normativos en la materia.

Señalaron que la Visita in Situ Chiapas es parte de un esfuerzo colectivo impulsado por el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, el Grupo de Acción para la No Detención de Personas Refugiadas y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria; y durante las primera semana de agosto se llevará a cabo una nueva visita en Ciudad Juárez con el objetivo de tener un panorama más amplio de la realidad en ambas fronteras.