TOLUCA, Edomex.  (proceso.com.mx).-Diversos colectivos feministas del Estado de México denunciaron la agresión policiaca a veinte mujeres que protestaban por el hostigamiento, la desaparición y las lesiones presuntamente provocadas por elementos de Chimalhuacán a Irene Cervantes, una mujer que dos años atrás denunció a la corporación por la violación de su hija.

Algunas transmisiones en vivo realizadas por las manifestantes a las afueras de la Fiscalía Regional de Chimalhuacán, a donde habían acudido a presentar la denuncia por las lesiones provocadas a Irene, muestran a los elementos con armas largas, la represión con gases lacrimógenos, y a las manifestantes se les escucha referir que una compañera fue golpeada en la cabeza y otra lanzada contra un árbol.

Durante la movilización, las activistas, entre ellas Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, quien fue asesinada en 2009 presuntamente por su marido, un comandante de Chimalhuacán, exigían no liberar a las tres policías detenidas por su supuesta participación en la desaparición, tortura y lesiones de Irene, y detener a un comandante y otro policía que también participaron en los hechos.

Las manifestantes refieren que alrededor de las 20:00 horas del sábado comenzaron a llegar elementos policiacos a la Fiscalía, algunos con uniforme y otros vestidos de civil, y comenzaron a rodearlas.

Después de la media noche, Dilcya García Espinoza de los Monteros, fiscal para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, a quien Irene narra que el primero de abril fue interceptada por policías de tránsito a bordo de las patrullas TM915 y TM820 con el pretexto de que la motocicleta en que se trasladaba era robada.

También le recuerda que en 2019 los policías municipales detuvieron a su hija –entonces de 12 años de edad-, la desaparecieron un par de días y “me la entregaron violada, torturada, drogada”.

Sus familiares entablaron la denuncia correspondiente contra los uniformados, pero la corporación comenzó a acosarlos. A la fecha no hay avances en las investigaciones.

Tras exponerle lo ocurrido, se retiró la fiscal, escoltada, y comenzaron las agresiones, de tal manera que le atribuyen haber dado la orden para el ataque. En los videos se aprecia cuando son rodeadas por hombres, se ve correr hacia ellas “policías vestidos de civil” y después uniformados; más tarde, aparecen elementos con armas largas y son gaseadas.

La molestia

Las mujeres refieren que el primero de abril, Irene fue subida a una patrulla de la Policía Municipal de Chimalhuacán, le quitaron su celular porque envió la ubicación a su hija; los uniformados apagaron el teléfono y fue cuando se perdió contacto con ella.

Para la búsqueda de Irene, se pidió el apoyo de la colectiva Justicia para Diana, surgida a raíz del feminicidio de Diana Vázquez el 2 de julio del 2017 en Chimalhuacán. Cuando encontraron a la mujer, estaba herida y había perdido dos dientes por los golpes que recibió, “trae marcas de que la intentaron ahorcar, un golpe en la cabeza porque la jalaron para bajarla de la patrulla y su cabeza rebotó contra el asfalto”, indicaron.

Las activistas consideran que las agresiones son producto de su denuncia contra los policías municipales por el caso de su hija.

La Dirección de Seguridad de Chimalhuacán, bastión antorchista hasta el primero de enero, cuando asumió la administración Morena, asegura que actuó conforme a la ley, remitió al Ministerio Público a tres policías, acusa a las feministas de vandalizar las instalaciones de la Fiscalía y expone:

“El Comisario indica que elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional acudieron al lugar para resguardar la integridad física de siete detenidos y todo el personal del Ministerio Público de Chimalhuacán y trasladarlos a un sitio seguro, en tanto la situación se pacificaba”.