OAXACA, Oax. (apro).- Por mayoría de votos, el Congreso de Oaxaca aprobó citar a comparecer al fiscal, Arturo Peimbert Calvo, ante su inacción, omisión o complicidad en la red de corrupción enquistada en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa para falsificar escrituras, simular la compra-venta de los predios o inmuebles, dar “muerte legal” o “revivir muertos” para despojar a los verdaderos propietarios.

En esta red de corrupción se encuentran involucrados servidores públicos de las direcciones del Instituto Catastral del estado, el Registro Público de la Propiedad, Dirección de Notarías y el Registro Civil, quienes actúan como una red de “delincuencia organizada” orquestada desde el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa para despojar de su identidad y de sus propiedades ubicadas en el Centro Histórico y la zona conurbada de esta capital a los verdaderos dueños.

En mayo de 2021 comenzó a destaparse la red de complicidad, luego que los hermanos Herbé, Caleb y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) al enfrentarse a una red de “delincuencia organizada” orquestada desde el gobierno de Murat Hinojosa para despojarlos de su identidad y de sus propiedades.

Denunciaron que desde el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y Catastro de Oaxaca maquinaron el despojo, el robo de identidad (al desaparecer sus actas de nacimiento en el Registro Civil de Oaxaca) y la desaparición de expedientes de los dos inmuebles en el Instituto Catastral del Estado.

Otro caso que se denunció fue la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán para despojarlos de sus tierras en las que se confabularon el Registro Civil, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria.

Sin embargo, tuvo que intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque entre los supuestos muertos encontraban 22 beneficiarios de medidas cautelares.

La “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos llegó a la Fiscalía General de la República y a la CIDH por lo que en diciembre de 2021, el Tribunal Unitario Agrario de Huajuapan de León les restituyó sus derechos a más de mil comuneros mixtecos dados por muertos a quienes querían quitar sus tierras.

Es por ello que la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Natividad Díaz Jiménez pidió que la Fiscalía General del Estado rinda un informe ante el Pleno del Congreso sobre los avances en la investigación de servidores públicos que han sido denunciados por despojar a familias oaxaqueñas de sus bienes inmuebles.

La propuesta de la legisladora se aprobó para citar a comparecer al Fiscal General Arturo Peimbert Calvo ante las diversas denuncias que han sido presentadas ante la autoridad ministerial sin que hasta el momento se procure en esta caso el acceso efectivo a la justicia.

Además, se pidió que también comparezcan todos los funcionarios vinculados a estas denuncias.

En tribuna del Estado, la panista denunció que las familias afectadas están siendo revictimizadas por la propia fiscalía, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, a fin de determinar la participación punible de los servidores públicos participantes.

Durante la sesión ordinaria, de carácter virtual, la diputada Naty Díaz destacó que el pleno ha sido sensible y ha solicitado a la Fiscalía que se investigue la red de corrupción enquistada en el Poder Ejecutivo de nuestro Estado “en el que se suplantan personas, se simulan contratos de compra venta con el único fin de despojar a los legítimos propietarios de las mismas”.  

Naty Díaz detalló que “uno de estos casos es el que sufren los integrantes de la familia Conzatti, quienes dieron a conocer a través de diversos medios de comunicación las vejaciones a las cuales han sido sometidos al pretenderles despojar de sus propiedades y en segundo término por la inacción del fiscal.

Por ello, Díaz afirmó que es de suma importancia que el fiscal explique las acciones y medidas tomadas respecto de las denuncias presentadas contra de los servidores públicos por la comisión del delito de suplantación e intento de despojo de sus propiedades.

Consideró que esto es ejemplo de una mala administración “dolosa”, donde “parece que se busca la protección de aquellos servidores públicos que se han beneficiado a costa del sufrimiento de las oaxaqueñas y de los oaxaqueños”.

Finalmente, la diputada Naty Díaz precisó que Oaxaca no tolera más impunidad, mucho menos que el servidor público utilice sus facultades y atribuciones para su propio beneficio privado, o bien para un tercero, en detrimento de la ciudadanía.

Estos casos se han ido incrementando en denuncias en redes sociales, sin embargo, el gobierno de Murat ha ignorado todos los exhortos legislativos para proteger presuntos actos de corrupción en diversas áreas de su gobierno, por el contrario los ha reubicado para protegerlos.