MÉRIDA, Yuc., (apro).- El Congreso local finalmente aprobó este martes de manera unánime las reformas al Código de Familia y a la Ley del Registro Civil que se requerían para legalizar en la entidad el matrimonio igualitario.

El pasado 25 de agosto, a punto de concluir su periodo, la pasada legislatura, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), repuso la discusión sobre esa iniciativa, que en 2019 desechó en dos ocasiones, y reformó el artículo 94 de la constitución política del estado para legalizar los matrimonios igualitarios.

No obstante, quedaron pendientes las modificaciones a las leyes secundarias que hasta hoy fueron reformadas.    

Con dichas reformas las parejas del mismo sexo ya podrán casarse en la entidad sin necesidad de recurrir para ello al amparo de la justicia federal, como lo venían haciendo.

En la sesión del martes, las siete fuerzas políticas que conforman el pleno legislativo emitieron su voto unánime para reformar diversas disposiciones de la Ley del Registro Civil y del Código de Familia que impedían el matrimonio igualitario. 

Entre los artículos del Código de Familia que se modificaron destacan el 10º del Código de Familia, que estipula que "Las personas son iguales ante la ley, por lo que de común acuerdo decidirán todo lo relativo a la integración de una familia y a la administración de sus bienes".

El 49º, del mismo código, que establece que "el matrimonio es una institución jurídica por medio de la cual se establece la unión libre y voluntaria de dos personas, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto y ayuda mutua".

Y el 201º: "El concubinato es la unión de dos personas quienes, libres de matrimonio, hacen vida en común de manera notoria, permanente, hayan o no procreado hijos o hijas o han vivido públicamente como cónyuges durante dos años continuos o más".

En la tribuna legislativa, la diputada priista Karla Franco Blanco argumentó que “la institución familiar se conforma como una forma básica de una organización social y un pilar de cohesión social”, y señaló que “su estructura y la interrelación de sus miembros es relativa y no se conforma en base a un modelo tradicional de familia, sino que existen familias homoparentales que deben ser reconocidas ante la ley”. 

También se reformaron los artículos 22, 26 y 64 de la Ley del Registro Civil, relacionados con la identidad y nombres de los contrayentes de matrimonio.

Activistas de los derechos humanos celebraron estas reformas, pero señalaron que “el Estado tiene una enorme deuda que saldar con la población LGBT+ en la entidad”.