TIJUANA. BC. (proceso.com.mx).–El gobierno del estado informó que puso en marcha “un protocolo de reubicación de 382 ocupantes” del campamento migrante de El Chaparral, “hacia espacios que permitan mayor seguridad para los ocupantes, mismo que se dio sin ninguna complicación.”

El secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, explicó que durante la acción, en todo momento se integró la perspectiva de género y la inclusión de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Participaron los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal.

De acuerdo con el comunicado del gobierno estatal, en el operativo participaron, la Subsecretaría de Asuntos Migratorios, la Coordinación de Protección Civil Estatal, DIF Baja California, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Salud del Estado, el Instituto de la Mujer y la Dirección de Asuntos Binacionales.

Además de varias instancias del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, la Guardia Nacional, los organismos de Derechos Humanos estatal y federal, así como organizaciones internacionales pro defensa del migrante.

“Se trató de cuatro puntos de destino final al cual fueron reubicadas las personas tomando en cuenta en todo momento la diversidad de condiciones de cada grupo, siendo divididos en: 59 familias de padres e hijos, 27 núcleos madre hijos, cuatro mujeres solas, 33 hombres solos, tres integrantes de la comunidad LGTB, dos personas con discapacidad y dos mujeres embarazadas.

“Quedó constatado ante el resto de las autoridades que los migrantes tuvieron claro el interés de brindarles protección, seguridad y salubridad, por lo que Zavala Márquez enfatizó que el movimiento de este domingo 6 de febrero tuvo lugar en total orden.”, se lee en el comunicado que emitió el gobierno del estado.

Las necesidades básicas de los migrantes, como ropa, comida, servicio médico, atención psicológica y asesoría legal, estarán a cargo de las autoridades estatales, y las organizaciones civiles y activistas que los apoyan con sus procesos de asilo político tendrán acceso a los espacios donde la comunidad migrante estará albergada, se indica en el comunicado que emitió la autoridad estatal.