GUANAJUATO, Gto. (apro).– El proceso judicial contra elementos adscritos a la Guardia Nacional por el asesinato del joven Ángel Yael, estudiante de Agronomía de la Universidad de Guanajuato –ocurrido el 27 de abril– ha dado un giro: tribunales determinaron la vinculación a proceso del segundo agente que también disparó hacia la camioneta donde viajaban el alumno y otros tres compañeros, quien será procesado por homicidio calificado en grado de tentativa.

Además, el elemento imputado inicialmente por la muerte de Ángel y las lesiones graves causadas a otra estudiante ha sido también vinculado a proceso penal por la tentativa de homicidio de los otros dos jóvenes del grupo que iba en el vehículo, contra quienes los dos agentes dispararon “por su iniciativa”, según las declaraciones del mando de esa cuadrilla y sus compañeros.

Este elemento, integrante de la Marina comisionado a la Guardia Nacional, se encuentra en prisión preventiva en una cárcel militar en Jalisco. El plazo de investigación vencerá el próximo 1 de febrero.

Estas resoluciones fueron resultado de los recursos interpuestos por los asesores jurídicos que por parte de dicha institución educativa representan a los padres de Ángel Yael, así como a los otros tres estudiantes que ese 27 de abril fueron interceptados por un convoy de la Guardia Nacional y el Ejército que, de acuerdo con la información oficial, realizaban un recorrido como parte de actividades de combate al robo de combustible en esa comunidad, por la cual pasa un ducto de Pemex.

Los estudiantes acudían al Campus de la Universidad de Guanajuato en El Copal (Irapuato), donde cursaban la carrera de Agronomía; se encontraban terminando un convivio cuando arribó el convoy.

Conforme a la versión que han dado los integrantes del convoy, de los agentes de la Guardia Nacional –todos militares y marinos– dos descendieron de la unidad de la GN y dispararon sin autorización, causando la muerte a uno de los jóvenes e hiriendo a otra alumna.

El 30 de abril, en una primera audiencia ante el juez federal de control, éste determinó dejar en libertad al primer agente que había sido detenido por la Fiscalía General del Estado, como presunto responsable de dar muerte a Ángel Yael, al determinar que no hubo elementos para vincularlo por esta ejecución extrajudicial.

Posteriormente fue presentado ante el juez un segundo elemento de la Marina adscrito a la Guardia Nacional, quien, de acuerdo con declaraciones y peritajes de balística forense, fue quien disparó y causó la muerte al alumno universitario e hirió a su compañera, quien viajaba en el asiento detrás de Ángel. Fue vinculado a proceso como presunto responsable de homicidio calificado y lesiones, pero no se le imputó la tentativa de homicidio de los otros dos jóvenes.

En conferencia de prensa, el abogado Pablo González Sierra, al frente del equipo de asesores jurídicos designados por la Universidad de Guanajuato para representar a todas las víctimas, informó que en virtud de que estuvieron en desacuerdo con algunas de las resoluciones del juez, interpusieron los recursos de apelación ante tribunales unitarios de circuito

Un primer recurso fue resuelto el 6 de junio por la magistrada del Segundo Tribunal Unitario de Circuito, quien revocó la decisión del juez federal y ordenó vincular a proceso al primer elemento de la GN que había sido detenido, para acusarlo formalmente de homicidio calificado en grado de tentativa de los tres estudiantes que sobrevivieron a los disparos.

El agente se encuentra en libertad, pero sujeto a otras medidas cautelares como estar supervisado y reportarse periódicamente ante la autoridad judicial.

“Hoy no advertimos que esa persona haya violentado las medidas cautelares, no tenemos noticia de otra cosa, pero está en libertad”, dijo el abogado González Sierra.

Con respecto al otro marino, los asesores jurídicos interpusieron un recurso ante el Tercer Tribunal Unitario de Circuito en materia Penal, mismo que se tardó cinco meses para resolver, y determinó ratificar la decisión del juez de no vincularlo a proceso por tentativa de homicidio.

Por ello, los abogados interpusieron un amparo indirecto, que fue resuelto al 30 de noviembre en favor de las víctimas; “se reconoció que (los otros dos estudiantes) sí sufrieron peligro de sus vidas por disparos de arma de fuego” por el agente de la Marina adscrito a la Guardia Nacional.

Con ello, dijo González Sierra, “las decisiones judiciales han sido reencauzadas al derecho y nos podemos sentir conformes, a gusto, porque ahora sí sentimos que vamos en buenos términos”.