Chihuahua
Con huelga de hambre, abogado exige que admitan juicios políticos contra funcionarios de Chihuahua
El presidente de la Comisión Jurisdiccional del Congreso, Gabriel García Cantú, le notificó a Gerardo Cortinas Murra que resolverán el asunto en enero, por lo cual suspendió la huelga, sin embargo, dijo que presentará hoy un amparo contra este acuerdo y promoverá otro juicio político contra García.CHIHUAHUA, Chih. (apro).– El abogado chihuahuense Gerardo Cortinas Murra se declaró en huelga de hambre la semana pasada afuera del Congreso del Estado porque no han admitido los juicios políticos que promovió en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, del secretario de gobierno y de cuatro diputadas y diputados.
El 10 de octubre pasado promovió los primeros cuatro juicios políticos porque el Ejecutivo no ha publicado en el Periódico Oficial del Estado el decreto que reforma la ley del organismo descentralizado Pensiones Civiles del Estado, que lo reconoce como autoridad fiscal, ya que se encuentra en quiebra desde hace varios años.
Al finalizar el gobierno de Javier Corral Jurado como gobernador, el 30 de agosto de 2021, el Poder Legislativo aprobó el decreto de Pensiones Civiles, con el fin de darle facultades para recaudar sus propias aportaciones de seguridad social.
El decreto fue recibido por el gobierno estatal el 5 de septiembre de 2021, cuando María Eugenia Campos Galván ya había asumido la gubernatura. El 5 de octubre del año pasado venció el plazo de 30 días para formular observaciones y no lo hicieron.
Un año después, el 10 de octubre pasado, Cortinas Murra promovió el juicio político contra Campos Galván, contra el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno y contra las diputadas Georgina Bujanda y Adriana Terrazas, quienes han presidido el Poder Legislativo durante ese lapso.
La denuncia fue ratificada el 14 de octubre de 2022. El 24 de octubre, el abogado promovió otros juicios políticos contra los legisladores Francisco Sánchez y Alfredo Chávez.
Cortinas Murra señala que ni el Ejecutivo ha publicado el decreto ni el Legislativo ha ordenado su publicación, por lo que promovió los juicios contra los responsables de esa omisión.
La Constitución de Chihuahua, argumenta, establece que cuando el Ejecutivo no publique un decreto aprobado por el Congreso, será considerado como promulgado y el Pleno del Legislativo podrá ordenar su publicación.
El pasado 6 de diciembre, Gerardo Cortinas Murra inició una huelga de hambre porque a dos meses de la promoción de los primeros juicios políticos, el presidente de la Comisión Jurisdiccional del Congreso, el panista Gabriel García Cantú, no había convocado a una sesión para tratar el asunto, por lo que no le ha dado una respuesta positiva ni negativa.
Al siguiente día de iniciar la huelga de hambre en una pequeña carpa afuera del Poder Legislativo, García Cantú le notificó al abogado que resolverán el asunto en enero. La huelga se suspendió, pero el quejoso presentará hoy un amparo contra dicho acuerdo y promoverá otro juicio político contra el presidente de la Comisión Jurisdiccional.
El acuerdo fechado el 7 de diciembre pasado y firmado por García Cantú afirma que en la próxima sesión de la Comisión Jurisdiccional se incorporarán los expedientes CJ-JP-006/2022, CJ-JP-007/2022 y CJ-JP-008/2022 para su análisis y discusión.
Los juicios contra los diputados Francisco Sánchez, de Movimiento Ciudadano, y Alfredo Chávez, de Acción Nacional, fueron promovidos el 24 de octubre pasado, porque ocupan cargos partidistas a pesar de ser representantes populares en el Congreso.
Cortinas Murra acusó a Gabriel García Cantú de encubrir los actos de corrupción oficial cometidos por los altos funcionarios que denunció, para evitar que estos comparezcan ante un juicio.
El abogado dijo que en la historia de Chihuahua no han iniciado jamás un juicio político contra ningún funcionario, a pesar de que han sido promovidos y de que son notorias para la ciudadanía, la generalización de violaciones a los derechos humanos.
Advirtió que el gobierno estatal ha iniciado una estrategia mediática para desacreditar las denuncias ciudadanas, como negar la deuda importante que tiene el gobierno estatal con Pensiones Civiles, a pesar de que la Auditoría Superior del Estado acredita los adeudos históricos que crecen cada día.