MONTERREY, N. L. (apro).– El Congreso de Nuevo León, con votación mayoritaria de PRI y PAN, aprobó la declaratoria de juicio de procedencia en contra del secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, quien a partir de ahora puede ser investigado y juzgado por presunto abuso de autoridad.

La legislatura busca procesarlo debido a que, en meses pasados, se ha abstenido de publicar en el Periódico Oficial del Estado 56 decretos, que le han sido enviados, y que, por esa omisión, no pueden convertirse en leyes.

El martes por la noche, los diputados avalaron la solicitud presentada por el fiscal anticorrupción, Javier Garza y Garza, identificado con el tricolor, a denuncia del panista Mauro Guerra, presidente del Congreso que se quejó de la intromisión perniciosa de Navarro en las leyes que expide el Poder Legislativo.

La votación de la propuesta de la Comisión Jurisdiccional, presidida por la priista Alinha Vargas, se completó con 28 votos principalmente de priistas y panistas, incluido el del tricolor Javier Caballero, que se encuentra en Qatar y que siguió la sesión en línea. Los 11 integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano votaron en contra de la decisión, al considerarla inconstitucional.

Con la declaratoria de procedencia, Navarro Velasco, operador político del gobernador emecista Samuel García, puede ser enjuiciado, procesado, destituido y encarcelado, si lo dispone el juez que lo procesará por el abuso de autoridad.

Luego de la declaratoria, Navarro Velasco lamentó que el Congreso de Nuevo León esté tomado por “un grupo irresponsable”, en referencia al PRI y que hasta “hubo diputados que votaron a favor de continuar con el juicio en su contra sin encontrarse en el país”.

Se quejó de que “este procedimiento viola los principios fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución en cuanto a derecho de audiencia y debido proceso, cómo también puede violar el artículo 13 de la Constitución por tratar de enjuiciarme con una Ley especial y ante un tribunal especial”.

Expuso que, además, fueron transgredidos los artículos 8 y 25 del Pacto de San José, que se refiere a los derechos universales de las personas.

“Es increíble que dentro de la voracidad desmedida de los diputados del PRI y del PAN quieran llevar a juicio político hasta a un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, porque no les gustó una resolución que dictó, atentando al principio de separación de poderes”, dijo en la declaración difundida.