COLIMA, Col. (apro).– El Congreso de Colima aprobó este viernes la minuta de reforma constitucional para ampliar hasta 2028 la presencia militar en las calles, en una sesión en la que ningún integrante de la fracción mayoritaria de Morena abordó la tribuna para debatir a favor del dictamen.

Sin embargo, con la suma de morenistas, priistas y otros aliados, la propuesta salió adelante con 19 votos a favor por 6 en contra, estos últimos de legisladores del PAN, Movimiento Ciudadano y el Partido Encuentro Solidario.

Ante la circunstancia de que la víspera la minuta ya había obtenido el aval de 17 legislaturas locales del país –las necesarias para declarar su aprobación nacional–, el coordinador de la fracción panista, Crispín Guerra Cárdenas, señaló en la tribuna que “ya no hay materia” en ese asunto, pero aclaró que sí participaría en la discusión por considerar importante escuchar las diferentes opiniones y posicionamientos, y propuso no limitar el número de intervenciones de los legisladores.

A esta propuesta se sumó el coordinador de la fracción priista, Héctor Magaña Lara, quien reconoció: “Lo que vamos a hacer ya es meramente de trámite”.

El dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, presentado en la tribuna por la diputada Yommira Carrillo Barreto, expresó la coincidencia con la minuta del Congreso de la Unión, en el sentido de que la labor que vienen desarrollando las Fuerzas Armadas en torno a la integración de la Guardia Nacional “ha sido necesaria y vital en la seguridad pública, y desde ese tamiz ha generado un nivel de confianza y credibilidad ante la población”.

Por lo tanto, propuso aprobar la reforma al artículo quinto transitorio del “Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, que tiene como objetivo que se amplíe “el plazo de 5 años a 9, para que la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidades e implantación territorial, en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Prueba “el fracaso de este gobierno”

Al anunciar su voto en contra, el diputado Ignacio Vizcaíno Ramírez, de Movimiento Ciudadano, señaló que pedir más años para mantener a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública es “la prueba más clara del fracaso de este gobierno” en esa materia, pues “en ese lapso no hicieron nada para construir una estrategia de seguridad”.

Dijo que el objetivo del Artículo Transitorio 5 era consolidar a la Guardia Nacional y fortalecer a las policías locales, que “de haberlo cumplido ya no serían necesarias las fuerzas armadas en las calles en estos momentos”, pero “si no cumplieron en ese tiempo, ¿por qué habríamos de creer que ahora sí van a cumplir?”

Vizcaíno Ramírez definió que el dictamen “representa la agonía de una crónica anunciada en materia de seguridad fallida”.

Policías estatales y municipales, en el abandono

El panista Crispín Guerra recordó que cuando se creó la Guardia Nacional se dijo que tendría mando civil, pero no se cumplió, además de que en cinco años se fortalecerían las policías civiles y “fue todo lo contrario”.

Advirtió que prácticamente desaparecieron los programas de recursos para las policías estatales y municipales, a las que “no se les dio seguimiento ni hay interés de rescatarlas, están en el abandono y si siguen abandonadas también el plazo para 2028 será insuficiente”.

Manifestó que, en la cifra de homicidios dolosos, esta administración federal ha superado a los gobiernos anteriores: “Es una estrategia fallida, pero quieren ampliarla otros años más para que se sigan cometiendo los mismos errores; estamos condenando a la próxima administración, sea quien sea, a seguir la misma estrategia fallida”.

“El PRI no va a pichicatear nada en materia de seguridad”

Aunque reconoció que legisladores federales de su partido interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra la militarización, el priista Héctor Magaña dijo que separaría ese tema y que sólo se referiría a la temporalidad de la permanencia del Ejército en las calles.

Al anunciar su voto a favor del dictamen, justificó que Colima vive el peor momento en temas de seguridad, con el primer lugar nacional en la tasa de homicidios dolosos, por lo que “el PRI no va a negar ni a pichicatear nada en materia de seguridad”.

Indicó que “en este momento no se trata de los partidos políticos, no se trata de la gobernadora, se trata de la población; ningún funcionario en su sano juicio podría negar que en algo ha servido la presencia de las fuerzas armadas en el estado”.

Falta de atención a los cuerpos policiacos

La diputada independiente Priscila García Delgado expresó que la reforma constitucional “desnuda la enorme fragilidad que existe en la visión de Estado para hacer frente a una incontrolable violencia, eso no lo podemos negar, dando inevitablemente preferencia a las fuerzas armadas por encima de las corporaciones de las policías estatales y municipales de carácter civil”.

Manifestó que estas últimas han sido relegadas por los gobiernos en lo patrimonial y lo profesional, con escaso presupuesto, violación a los derechos laborales de los elementos, con jornadas abusivas, sueldos bajos y sin equipamiento.

García Delgado, quien votó a favor del dictamen, exigió que la Federación regrese los fondos financieros del área de seguridad Fortaseg y FASP, pues “el tema de fondo no es la presencia del Ejército en las calles, sino cómo combatimos la falta de atención a nuestros cuerpos policiacos”.

También participaron en la tribuna a favor de la reforma la diputada del PT, Evangelina Bustamante Morales, y el priista Rigoberto García Negrete, además de Kathia Zared Castillo Hernández, del PES, quien sufragó en contra.