CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La panista Maru Campos ya no tiene líos con la justicia, pues el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua revocó el auto de vinculación a proceso en su contra por el presunto delito de cohecho.

Con su expediente penal limpio –la semana pasada se desechó el otro litigio que tenía pendiente--, Campos Galván podrá asumir este miércoles, la gubernatura de Chihuahua en sustitución de su correligionario Javier Corral, quien fracasó en su intento de llevarla a la cárcel.

El magistrado Juan Carlos Carrasco Borunda, de la tercera sala penal del TSJ, resolvió la revocación de la vinculación a proceso dictada el 1 de abril por el supuesto delito de cohecho.

En su exposición adujo que tal medida era posible debido a que “existen deficiencias en la formulación de imputación del Ministerio Público”.

Al momento de formular la vinculación, dijo, se utilizaron generalidades, lo que se agrava porque el Ministerio Púbico maneja sin explicación suficiente dos supuestos.

El impartidor de justicia también mencionó que durante el auto de vinculación a proceso el juez de control tuvo como establecido que la finalidad del desvío fue para interferir en cuestiones legislativas. “No precisó con claridad la naturaleza de los actos”.

Explicó que la vinculación a proceso se efectuó bajo el supuesto de que Campos Galván, como diputada local de Acción Nacional, recibió de forma continua pagos por parte del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, para actuar a favor de los intereses de fiscalización durante su trabajo legislativo.

La Fiscalía General de Chihuahua había acusado a Campos de cobrar sobornos del exgobernador priista por más de 9 millones de pesos cuando era vicecoordinadora del PAN en el Congreso estatal.

Según la Fiscalía, los pagos tenían la finalidad de asegurar su voto a favor de iniciativas presupuestales del entonces mandatario y de la fiscalización de la Cuenta Pública.

“Se desconoce en qué iniciativas y decretos votaron a favor, cuando no lo hicieron, y de qué manera ello favoreció al entonces gobernador o si acaso influyeron en las facciones parlamentarias del Congreso. No hay dato de prueba directa acerca de la finalidad pactada por el gobernador y los entonces diputados”, explicó el magistrado.