CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador saliente de Chihuahua, Javier Corral, se irá sin lograr su cometido de ver a su ahora sucesora, Maru Campos, en la cárcel, luego de que ayer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dio a conocer que se desistió de continuar con la carpeta de investigación en contra de la mandataria electa al no encontrar materia probatoria que la involucren en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades así como de cohecho.

En conferencia de prensa, Gema Guadalupe Chávez, titular de la dependencia, informó que desde la semana pasada se hizo del conocimiento del Juez de Control que dejara sin efectos la solicitud de la audiencia inicial para formulación de imputación en contra de María Eugenia, después de que tres exfuncionarios se retractaran de sus dichos y luego de que se consiguieran nuevas testimoniales, no se logró obtener elemento probatorio para iniciar un proceso penal en su contra.

"Se tuvo conocimiento de que los tres exfuncionarios públicos, mismos que trabajaron durante la administración de la exalcaldesa que guardan el carácter de coimputados en esta investigación, se desistieron públicamente de las declaraciones que hicieron en su contra al acogerse a un criterio de oportunidad, mismas que fueron recabadas el año próximo pasado por la Fiscalía", aclaró la funcionaria.

Con base en todo ello, la fiscal Anticorrupción de Chihuahua llegó a la conclusión de que era necesario retirar la petición de solicitud de audiencia inicial efectuada al tribunal en fecha ya referida, en contra de María Eugenia toda vez que, derivado de las nuevas declaraciones, en relación al resto del caudal probatorio, en este momento resulta cuestionable establecer, incluso en grado de probabilidad, la participación de en la conducta delictiva de uso ilegal de atribuciones y facultades y cohecho.

Maru Campos asumirá la gubernatura el próximo miércoles 8 de septiembre y lo hará ya libre de cargos.

La gobernadora electa enfrentaba dos procesos judiciales. En uno de ellos, asentado en la causa penal 3022/2020, la Fiscalía la acusaba de haber cobrado sobornos a empresarios cuando era alcaldesa de la capital. Este es el caso del que la autoridad ministerial retiró los cargos, sin que alguna vez se llevara a cabo la audiencia inicial de vinculación a proceso.

El otro proceso contra la panista fue judicializado en la causa penal 2821/2020, en la que la fiscalía general del Estado de Chihuahua (FGE) –una autoridad ministerial ajena a la Fiscalía Anticorrupción— logró que Maru Campos fuera vinculada a proceso el pasado 1 de abril por el delito de cohecho, por presuntamente haber recibido sobornos por más de 9 millones de pesos del exgobernador César Duarte en el periodo en que la panista era vicecoordinadora de su bancada en el Congreso local.

Sin embargo, el Poder Judicial estatal convocó a una audiencia donde la gobernadora electa apelará esa vinculación a proceso el próximo martes 7 de septiembre, un día antes de su toma de protesta, aunque desde ahora se prevé que el juez conceda la revocación, con lo que Campos Galván asumiría el cargo sin una sola acusación en su contra, de acuerdo con fuentes del gobierno estatal.